El portavoz del PP, Miguel Tellado, reclamó elecciones generales y la dimisión de la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, y de la presidenta de la SEPI por investigaciones judiciales. El Gobierno defendió a González afirmando que el verdadero daño a la institución fue la operación Kitchen.
Los abogados de Leire Díez han solicitado la nulidad del procedimiento al considerar que su detención fue desproporcionada, injustificada y vulneró sus derechos fundamentales, argumentando falta de autorización judicial y motivación en las actuaciones.
Diversos verificadores, entre ellos Maldita.es, han documentado cómo la versión oficial del Gobierno sobre los contactos entre la directora de la Guardia Civil y Leire Díez ha variado con el tiempo. En junio de 2025, el Ejecutivo negó por escrito que constaran reuniones o llamadas, mientras que ahora el ministro Marlaska admite que fue informado tras un encuentro en abril. Los fact-checkers señalan estas contradicciones en la narrativa del caso.
Varios verificadores han desmentido los mensajes que vinculan la ley de memoria democrática con un supuesto fraude electoral. Las afirmaciones de líderes del PP sobre una nacionalización masiva para captar votos carecen de pruebas y se basan en datos incorrectos. Los fact-checkers aclaran que el derecho a voto de los nuevos nacionalizados está sujeto a estrictos requisitos legales y no existe relación alguna entre esta ley y una regularización extraordinaria de inmigrantes.
La ministra de Defensa, Margarita Robles, no abrirá de momento un procedimiento disciplinario contra el director adjunto operativo de la Guardia Civil, Manuel Llamas, por su imputación, al considerar que no hay elementos de juicio suficientes. La decisión ha sido criticada por la asociación mayoritaria de guardias civiles, AUGC, que exige su apartamiento por daño a la institución.