PP cuestiona la ley de nietos con acusaciones de "ingeniería social" tras no oponerse durante su tramitación parlamentaria

Un experto jurista tira de datos para tumbar la teoría de la conspiración del PP sobre el pucherazo electoral

El exletrado del Tribunal Constitucional Joaquín Urías ha rechazado de forma tajante las acusaciones sobre un supuesto fraude electoral vinculado a la Ley de Memoria Democrática y ha calificado de "disparate" las afirmaciones que apuntan a una presunta manipulación del censo para favorecer al Gobierno. Durante su intervención en Malas Lenguas, Urías ha respondido a las declaraciones del portavoz de Vox, José María Figaredo, quien había sugerido que la norma escondía una "ingeniería electoral" destinada a modificar el resultado de futuras elecciones. "Esto es un disparate", ha afirmado el jurista nada más comenzar su explicación. 🗳️ Pucherazo electoral, ¿tarea fácil? 📊 "El 90 % de las solicitudes son para tener pasaporte español; solo acaba pidiendo el alta consular para votar el 0,5 %", explica @jpurias en #MalasLenguasN. pic.twitter.com/dddtr9Y136 — Malas Lenguas (@MalasLenguas_Tv) July 4, 2026 Urías ha querido aclarar, en primer lugar, que la denominada disposición adicional de la Ley de Memoria Democrática no es una norma independiente, sino simplemente "un artículo" de la propia ley. Según ha explicado, esa disposición se incorpora precisamente porque pretende reparar una de las consecuencias del exilio provocado por la dictadura franquista, que ha obligado a cientos de miles de españoles a abandonar el país. "Medio millón de españoles tuvieron que irse a la fuerza y eso sí cambió el censo electoral", ha recordado, defendiendo que la norma busca reconocer los derechos de sus descendientes y no alterar el sistema democrático. "El problema no es un fraude, sino la lentitud" Lejos de respaldar la gestión del Ejecutivo, Urías sí ha criticado la forma en que se está aplicando la ley. Según ha explicado, alrededor de 2,5 millones de personas han solicitado cita para presentar la documentación necesaria con el fin de obtener la nacionalidad española. Sin embargo, ha denunciado que los consulados acumulan un importante retraso y que en algunos casos están concediendo citas para el año 2030. A su juicio, esa situación evidencia un problema administrativo, no una estrategia política. "No se puede tener una ley que dice que usted tiene que presentar unos papeles y dar cita para dentro de cinco años", ha lamentado. El jurista ha señalado que el Gobierno está intentando reforzar los consulados para agilizar la tramitación, aunque ha reconocido que el proceso avanza "tremendamente despacio". En ese contexto, ha considerado imposible que la inmensa mayoría de las solicitudes puedan resolverse antes de las próximas elecciones generales. Nacionalidad no significa derecho automático al voto Otro de los aspectos que ha querido desmontar Urías es la idea de que todas las personas que obtengan la nacionalidad española pasarán automáticamente a formar parte del electorado. El exmagistrado ha aseverado que el procedimiento regulado por la Ley de Memoria Democrática permite solicitar la nacionalidad española, pero eso no implica adquirir de manera inmediata el derecho a votar desde el extranjero. Para poder participar en unas elecciones, ha recordado, es necesario inscribirse en el registro consular correspondiente, un trámite que, según los datos aportados por Urías, apenas realiza una pequeña parte de los...

¿Pucherazo o cortina de humo? ¿El PP lo insinúa porque sabe que perderá las elecciones generales?

La política española ha entrado en una fase de destrucción impulsada por el Partido Popular y alimentada por su socio Vox, donde las reglas del juego democrático se estiran hasta el límite. En los últimos días, estamos asistiendo a un redoble de fuerzas desde la calle Génova con una ofensiva perfectamente coordinada que busca deslegitimar al Gobierno, asfixiar el entorno de Pedro Sánchez y levantar la pantalla de humo perfecta que tape los casos judiciales en los que se encuentra inmerso el Partido Popular. En este escenario de guerra total, las casualidades no existen. El detonante lo provocó Alberto Núñez Feijóo al acusar al Ejecutivo de diseñar una "ingeniería electoral" mediante la "Ley de Nietos", asegurando de forma infundada que busca "fabricar" 2,5 millones de nuevos votantes en el extranjero. Isabel Díaz Ayuso no tardó en sumarse a la estrategia sembrando dudas sobre los consulados. Con este discurso deliberado, ambos mimetizan al PP con los postulados más radicales de Vox, convirtiendo a su partido en un ente indistinguible de la extrema derecha. Se trata de una deslegitimación preventiva calcada del manual trumpista: si pierden las próximas elecciones, ya tienen construido el relato del "fraude". Esta ruidosa ofensiva deja a las claras dos vertientes. Por un lado, el temor ciego de la derecha a una nueva presidencia de Pedro Sánchez. Por otro, la irresponsable difusión de un pucherazo inexistente. Nuestro sistema electoral es uno de los más seguros y garantistas del mundo. No depende de algoritmos oscuros, sino de un presidente y dos vocales elegidos por sorteo, vigilados en cada minuto del recuento manual por los interventores y apoderados. Quien escribe estas líneas lo afirma con certeza moral y técnica: en diferentes comicios he desempeñado la labor de apoderado. He visto y contado esos votos y también sé cómo se han custodiado. No existe mayor antídoto contra estos bulos interesados que la propia experiencia vivida en primera línea y hoy compartida. Lo peor es que este relato rotundamente falso de sospecha permanente está calando hondo. Genera un escepticismo social tan radical que incluso acontecimientos históricos de máxima gravedad internacional, como el tiroteo sufrido por Donald Trump, acaban siendo percibidos más como una simulación electoralista que como una certeza real. Mientras tanto, la ciudadanía de a pie, hastiada por el cuestionamiento del sistema, ha dicho basta. Esta semana, la gente ha salido a la calle manifestándose frente a las puertas de la sede del Consejo General del Poder Judicial en Madrid. El descontento ya no se queda en las redes; toma el espacio público ante lo que se percibe como una intolerable politización de la justicia. Casi de forma milimétrica, este ataque al censo electoral ha coincidido con dos movimientos clave para asfixiar a Moncloa y proteger a la derecha. Primero, el incomprensible golpe judicial a Begoña Gómez, a quien el juez Peinado deniega retirar el pasaporte temporalmente para asistir a la graduación de su hija en Londres y a la cumbre de la OTAN. Alegando un inverosímil "riesgo de fuga" que...

Hechos y datos para desmontar el bulo del pucherazo electoral que corre a la velocidad de la luz

El líder del PP airea estos días una teoría conspirativa sobre un plan del Gobierno para alterar los resultados de las urnas al engordar el censo por la ley de nietosFeijóo acusa al Gobierno de “alterar el censo” con la 'ley de nietos': “Esta ingeniería social no tiene objetivos inocentes” Jonathan Swift, autor de Los viajes de Gulliver, escribió: “La falsedad vuela y la verdad viene cojeando detrás de ella; de modo que cuando los hombres finalmente se dan cuenta del engaño, es demasiado tarde”. La actividad política en España anda enredada estos días en una realidad paralela donde la falsedad vuela a la velocidad de la luz mientras la verdad aún se está poniendo los zapatos. Pero bastan un puñado de hechos y de datos para desmontar el pesado bulo del pucherazo electoral que el PP dispara contra el Gobierno. El presidente Pedro Sánchez, según la teoría conspirativa vigente, prepara desde hace cuatro años un colosal fraude emboscado en la ley de nietos, la norma que establece el derecho a la nacionalidad a descendientes de españoles represaliados del franquismo. Fue aprobada en octubre de 2022 sin que la derecha del PP y la ultraderecha de Vox dijeran una palabra contra esta medida tras 15 meses de tramitación en el Congreso y en el Senado. Se opusieron a la Ley de Memoria Democrática pero sin censurar la disposición adicional octava que incluía esa norma: “Los nacidos fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela, que originariamente hubieran sido españoles, y que, como consecuencia de haber sufrido exilio por razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación e identidad sexual, hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad española, podrán optar a la nacionalidad española”. Cuatro años después de aquello y a solo unos meses de las campañas electorales de 2027, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha sacado de paseo el bulo del pucherazo, un fantasma peligroso para la democracia porque cuestiona las reglas del juego y siembra la desconfianza en algo que debería ser sagrado. Aunque los pilares de un sistema electoral blindado al fraude han resistido sin apenas amenazas durante la reciente etapa democrática, el PP difunde estos días la idea de que la voluntad de los ciudadanos expresada en las urnas puede ser manipulada a su antojo por la “ingeniería social” del Gobierno de Sánchez. Frente a ese engaño que corre a la velocidad de la luz el único antidoto efectivo es la información veraz. El periodista Guillermo Lerma (Cadena Ser) desbarató el pasado jueves en unos minutos de radio esta teoría conspiranoica del PP y lo hizo con un relato riguroso salpicado de memoria, datos y hechos. Escúchalo aquí. El catálogo de evidencias para desbaratar el bulo es amplio, tanto como el conjunto de conjeturas sin base que difunden medios de comunicación conservadores donde la verdad apenas importa. El PP sugiere que la denominada ley de nietos y su desarrollo posterior a través de una instrucción se hizo para alterar el censo electoral de manera que beneficiara los intereses del PSOE. Pero nadie puede conocer de antemano lo que esos ciudadanos, que cumplen la Ley y los requisitos establecidos para logrr la nacionalidad, van a votar en caso de que finalmente hagan uso de ese derecho. La instrucción interpreta esa disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática incluyendo también entre los beneficiados a nietos de españoles que emigraron por razones económicas como, por otra parte, reclamaba el PP para evitar que los únicos nacionalizados fueran los descendientes de republicanos. La ultraderechista Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica presentó un recurso contencioso-administrativo contra la instrucción pidiendo su suspensión cautelar en diciembre de 2022. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid denegó la solicitud. Después se presentó una querella por prevaricación contra la autora de la instrucción, Sofía Puente, entonces directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública. Pero fue archivada. Ahora, al calor del bulo, se anuncian nuevas denuncias. Ni el PP ni Vox recurrieron en su día contra esas medidas a la Sala Tercera del Supremo, como si hicieron hace dos meses contra el decreto de regularización de inmigrantes. La presidenta madrileña del PP, Isabel Díaz Ayuso, desinforma cuando afirma: “Nos parece inquietante el crecimiento inusual del censo, además de las nacionalizaciones masivas urgentes”. Es una falsa inquietud porque no hay un crecimiento inusual del censo ni nacionalizaciones masivas urgentes. La norma se aprobó en octubre de 2022 y desde entonces 2,45 millones de descendientes de españoles han solicitado la nacionalidad. En este tiempo, se han iniciado 1,2 millones de expedientes y se han resuelto 545.000. De estos, se han inscrito 306.000 en el registro civil consular, último trámite del procedimiento. Solo el 12% de los solicitantes han conseguido la nacionalidad cuatro años después de poner en marcha la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática. A este ritmo, todavía habrá que esperar muchos años más para que los 2,45 millones de descendientes solicitantes de este derecho, si se acredita que cumplen los requisitos, consigan la nacionalidad. El PP engaña cuando sugiere que el efecto de la “alteración del censo electoral” favorecerá al PSOE en el reparto de escaños. Aquí va un cálculo generoso que lo desmiente: si en el año que queda para las elecciones generales de 2027 el proceso de concesión de nacionalidad consigue duplicar los inscritos hasta ahora en el registro civil consular, llegaríamos a 600.000 nuevos votantes potenciales respecto a las elecciones generales de 2023. El porcentaje de los residentes ausentes que vota en las elecciones habitualmente no supera el 7% del total. Eso daría un resultado de 42.000 posibles nuevos votos a repartir entre 52 provincias. Con esa cantidad, difícilmente se puede influir en el reparto final de escaños. Pese a la poca incidencia que tiene este voto en el resultado definitivo, el PP es la formación que registra más éxitos de última hora por el recuento de los sufragios de residentes ausentes. Así, por ejemplo, en las elecciones gallegas de 2020, Alberto Núñez Feijóo ganó el escaño 42 gracias al voto emigrante en Pontevedra y los socialistas perdieron un diputado. Las últimas elecciones generales de 2023 registraron una sorpresa de última hora por el voto de residentes ausentes en Madrid: el PP arañó un escaño más que perdió el PSOE. En las cuatro últimas elecciones autonómicas (Extremadura, Castilla y León, Aragón y Andalucía) el PP ganó con claridad y mantuvo el Gobierno en su poder tras aliarse con Vox, pero perdió frente al PSOE en el recuento del voto de residentes ausentes. Los resultados, similares a los de otras elecciones anteriores, agitan ahora las conjeturas de los conspiranoicos. Sin embargo, esos votos a favor del PSOE no cambiaron ni ahora ni en el pasado el reparto de escaños en ninguno de los territorios. Tres años antes, sin efecto conocido de la ley de nietos que acababa de entrar en vigor y cuando no había apenas inscritos en el registro consular, el PSOE también ganó en el voto emigrante de estas mismas autonomías: en Extremadura sacó al PP una diferencia de 13 puntos tanto en 2023 como en 2026; en Aragón fueron ocho puntos en 2023 y 12 puntos en 2026; en Andalucía empataron en 2022 y el PSOE ganó por dos puntos en 2026; en Castilla y León gano por ocho puntos en 2023 y por 9,5 puntos en 2025. Con la ley de nietos vigente y aplicándose, el PP ha aumentado mucho (entre cinco y nueve puntos) su porcentaje de voto en las últimas elecciones celebradas en Castilla y León, Extremadura y Andalucía. Hechos y datos contra bulos y conspiración El PP se aficionó muy pronto en democracia a coquetear con la desinformación cuando los resultados electorales le resultaron esquivos. La formación conservadora se las prometía muy felices en 1993 con José María Aznar de candidato a presidente pero perdió las elecciones frente al agonizante PSOE de Felipe González. Los dirigentes populares Javier Arenas y Alberto Ruiz-Gallardón cuestionaron esa noche electoral del 6 de junio de 1993 el recuento y pusieron en duda los resultados. El berrinche les duró muy poco tiempo. Nunca después dudaron de aquel resultado que les dejó en la oposición y en 1996 consiguieron ganar las elecciones con Aznar de candidato. El actual presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, tiene experiencia acreditada en difundir sospechas sobre procesos electorales. En su primer intento como candidato a presidente del Gobierno de España —julio de 2023— denunció solemne una supuesta dejación de funciones del Gobierno de Pedro Sánchez para garantizar el voto por correo en las elecciones, convocadas en plenas vacaciones de verano. Los hechos demostraron que sus sospechas eran completamente infundadas. Feijóo ganó esas elecciones generales, pero no pudo gobernar. El líder popular insistía hasta el pasado viernes en dar vida a la patraña del pucherazo sin prueba conocida: “Están alterando el censo electoral. Esta ingeniería social no tiene objetivos inocentes”. La escuela de aficionados a despreciar los hechos para apreciar los bulos se ha convertido en un negocio al alza. La falsedad vuela estos días a la velocidad de la luz mientras la verdad viene cojeando detrás de ella. “Hay un punto esencial en el que un mentiroso político”, escribió Jonathan Swift en 1710, “se diferencia de otros de su misma facultad: su poca memoria, necesaria según las diversas ocasiones que encuentra a cada hora para contradecirse a sí mismo y jurar a favor de ambas partes de una contradicción, según la disposición de las personas con las que tiene que tratar”.

Feijóo acusa al Gobierno de "alterar el censo" con la 'ley de nietos': "Esta ingeniería social no tiene objetivos inocentes"

Feijóo agita números falsos, mezcla la regularización de personas migrantes con el proceso de adquisición de la nacionalidad española a través de la Ley de Memoria Democrática, mientras Ayuso se pregunta si "¿están intentando nacionalizar socialistas?" y Sémper asegura que el PP no denuncia un "pucherazo"El PP azuza con la ley de memoria democrática sus denuncias sin pruebas de 'pucherazo' electoral El PP mantiene su estrategia de denunciar que el Gobierno está usando la conocida como 'ley de nietos' para influir en las próximas elecciones generales. Aunque su portavoz, Borja Sémper, ha dicho este viernes que no ponen “en tela de juicio” la limpieza del proceso, su jefe de filas ha asegurado poco después que Pedro Sánchez busca “alterar el censo” electoral. “Esta ingeniería social no tiene objetivos inocentes”, ha espetado el líder de la oposición en un acto de partido en Castellón, mientras la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se preguntaba esta misma semana: “¿Están intentando nacionalizar socialistas?”. Ante la plana mayor del PP valenciano, inmerso en una pugna por ver quién lidera la candidatura tras la retirada de Carlos Mazón, Feijóo ha denunciado una “nacionalización masiva” y una “alteración del censo”. “Ningún español cree que hay buena fe en el Gobierno”, ha afirmado, para mezclar los datos de solicitudes del proceso de nacionalización y de la regularización extraordinaria de personas migrantes y mostrarlos como si fueran ya permisos concedidos. Feijóo ha dado una cifra cercana a los ocho millones de personas más “en el censo”, una cifra totalmente falsa. Ha acusado de oscurantismo al Gobierno por “no transparentar cómo se toman las decisiones” y ha puesto en duda que se haga “con limpieza, independencia, garantáis y sin arbitrariedad”. El líder del PP ha ido incluso un paso más allá al sostener que es “irresponsable que se impulsen cambios sociales sin planificación”. Una frase que ha dicho un día después de denunciar que “no hay país que lo resista desde el punto de vista social, desde el punto de vista de bienestar y desde el punto de vista cultural”. Este viernes ha afirmado que esta “ingeniería social no tiene objetivos inocentes”. elDiario.es ha preguntado a diferentes portavoces del PP qué significado le dan al concepto “ingeniería social”, sin que ninguno haya querido responder. Porque el PP intenta, sin éxito, decir a la vez que confía en el proceso electoral español y que no están alertando de un fraude electoral, con señalar al Gobierno por manipular el censo mediante el proceso de nacionalización extraordinario a cuenta de la Ley de Memoria Democrática que terminó el año pasado. Abrieron fuego a principios de la semana Feijóo y Ayuso en sincronía. El líder del PP aseguró que este procedimiento es “ingeniería electoral” y que era una operación de Sánchez porque “con los actuales votantes no le salen las cuentas”. La presidenta de Madrid fue más allá, como es habitual, y aseguró que “el reparto de escaños es ilegal” y que “obedece a la intención del presidente del Gobierno de cambiar el censo”. Una línea discursiva que su partido ha mantenido durante toda la semana. Feijóo acusó a Sánchez expresamente de “fabricar dos millones y medio de votantes” con la ley de memoria ante el riesgo de “perder las elecciones”, y pidió detener un proceso que, en realidad, está cerrado desde octubre de 2025. Lo que está haciendo ahora la administración es verificar si los solicitantes cumplen o no los requisitos, pero ya no se puede apuntar nadie más. “Las encuestas le dicen que va a perder las elecciones con los votantes que tiene actualmente” y, por eso, “lo que va a fabricar son 2 millones y medio de votantes”, ha dicho estos días el líder de la oposición. Ni el PP ni Vox, que ha hablado directamente de golpe de Estado, alertaron de ningún problema durante la tramitación parlamentaria de la ley, y solo lo han hecho este 2026, cuando ya no hay forma de revertir el proceso. Y mientras los principales dirigentes del partido azuzan las denuncias de 'pucherazo', sus portavoces intentan reconducir el discurso. Ester Muñoz, por ejemplo, aseguró que el PP “siempre” defendió la nacionalidad para descendientes de exiliados, mientras este mismo viernes, Borja Sémper ha insistido en que creen “que los nietos tienen ese derecho” a recibir la nacionalidad española. “Otra cosa”, ha añadido en una entrevista en Antena 3, “es que esto se haya convertido en un desbarajuste y se haga sin garantías legales exigibles, con el Gobierno actuando con opacidad y que aumenten el censo en 2,7 millones de personas. Parece razonable que la oposición exija transparencia”. Una afirmación falaz, porque el censo no va a aumentar en 2,7 millones de personas. Ese es el número de solicitantes de la nacionalidad española, lo que no quiere decir que todos vayan a tener una respuesta positiva. De hecho, desde 2022 hasta ahora se han aprobado alrededor de medio millón de peticiones, de las que poco más de 300.000 han sido anotadas en el Registro Civil, según los últimos datos aportados por el Ministerio de Justicia a preguntas del propio PP en el Senado.

Cuatro años de silencio y una consigna común: la derecha mediática se suma ahora a la ofensiva del PP contra la ley de nietos

Durante casi cuatro años, la conocida como ley de nietos apenas ocupó espacio en el debate político impulsado por la derecha. Desde la aprobación de la Ley de Memoria Democrática en 2022 y la apertura del procedimiento para que los descendientes de españoles exiliados pudieran solicitar la nacionalidad, ni el Partido Popular ni el ecosistema mediático conservador situaron esta disposición entre sus principales críticas al Gobierno. Esa situación ha cambiado de forma abrupta en las últimas semanas. El giro coincide con la decisión del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de incorporar la ley de nietos al discurso político sobre un supuesto riesgo de "ingeniería electoral". A partir de ese momento, numerosos dirigentes populares, portavoces parlamentarios y medios afines comenzaron a cuestionar una norma que durante años apenas había generado contestación pública desde ese espacio político. La nueva ofensiva se produce después de que PP y Vox hayan abierto una estrategia centrada en denunciar un supuesto incremento artificial del censo electoral mediante la concesión de nacionalidades y la regularización extraordinaria de inmigrantes. Feijóo llegó a sostener que el Ejecutivo pretende "fabricar votantes", mientras que Vox elevó aún más el tono calificando el proceso como un supuesto "golpe de Estado en diferido". Sin embargo, el cambio de discurso contrasta con la tramitación parlamentaria de la propia Ley de Memoria Democrática. Durante el debate de la norma, las críticas del Partido Popular y de Vox se concentraron en el contenido ideológico de la ley, al considerar que reabría debates sobre la Guerra Civil, cuestionaba el espíritu de la Transición o imponía, según denunciaban entonces, una determinada interpretación histórica. En ningún momento el eje de la oposición giró sobre el posible impacto electoral de la disposición relativa a la adquisición de la nacionalidad. De hecho, la actividad parlamentaria refleja que el Partido Popular ni siquiera planteó eliminar la denominada ley de nietos. En las enmiendas registradas durante la tramitación, los populares mantuvieron prácticamente intacta la disposición adicional octava y únicamente propusieron modificar una referencia relativa a los motivos del exilio, eliminando la mención expresa a la orientación e identidad sexual. Vox, por su parte, optó por presentar una enmienda de devolución para intentar frenar la tramitación completa del proyecto legislativo. La norma fue finalmente aprobada y, meses después, el Gobierno desarrolló el procedimiento administrativo que permitió iniciar las solicitudes de nacionalidad. Desde entonces y hasta el 30 de abril de 2026, más de 2,5 millones de personas habían solicitado acogerse a este mecanismo y más de 550.000 habían obtenido ya la nacionalidad española, según datos oficiales del Ministerio de la Presidencia. Es precisamente ahora, cuando el PP ha incorporado esta cuestión a su estrategia política, cuando el debate ha pasado a ocupar un lugar central en parte del discurso de la derecha política y mediática. Los populares sostienen que la aplicación práctica de la norma ha ampliado los supuestos inicialmente previstos y reclaman explicaciones sobre el procedimiento seguido por el Ejecutivo. El Gobierno rechaza esas acusaciones y recuerda que tanto la adquisición de...

PP y Vox callaron en las Cortes durante los 15 meses de tramitación de la ley de nietos sin cuestionar las nacionalizaciones

Ni los populares ni la ultraderecha hicieron crítica alguna durante los debates parlamentarios de la ley de memoria democrática a la posibilidad de conceder la nacionalidad española a los descendientes de los exiliados por el franquismoEl PP dice ahora que “siempre” defendió la nacionalidad para descendientes de exiliados un día después de que Feijóo afirmara que es “fabricar votantes” Una disposición adicional de apenas unas líneas de extensión, aprobada y en vigor desde hace más de tres años, lleva días sirviendo a PP y Vox para insinuar —en el caso de los populares— o denunciar expresamente —en el de la ultraderecha— sin ninguna prueba un complot organizado por el Gobierno para amañar las próximas elecciones generales. El líder popular, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado al Ejecutivo de “fabricar votantes”, mientras dirigentes de Vox como José María Figaredo han alertado incluso de que el presidente Pedro Sánchez intenta dar “un golpe de Estado en diferido”. La norma en la que apoyan estas acusaciones es la conocida como 'ley de nietos', que permite optar a la nacionalidad española a los hijos y nietos de exiliados por el franquismo. Pero el PP y Vox no hicieron crítica alguna durante la tramitación parlamentaria a esta disposición, cuya redacción, de hecho, es muy similar a la que propuso el PP en 2022. La que estos días se ha dado a conocer públicamente como la 'ley de nietos' es, en realidad, una pequeña parte de la legislación sobre memoria democrática: en concreto, su disposición adicional octava. Este texto permitió, entre octubre de 2022 y octubre de 2025, solicitar la nacionalidad española a “los nacidos fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela, que originariamente hubieran sido españoles, y que, como consecuencia de haber sufrido exilio por razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación e identidad sexual, hubieran perdido o renunciado” al pasaporte español. A fecha de 30 de abril de 2026, las solicitudes de nacionalización ascendían a 2.622.450, según una respuesta parlamentaria del Ministerio de la Presidencia y Justicia al PP. En esa misma fecha, el número de peticiones aprobadas ascendía a 557.709, según el mismo documento. La 'ley de nietos', junto a todo el resto de la Ley de Memoria Democrática, fue aprobada por las Cortes en 2022 tras un largo proceso de tramitación, que duró un año y tres meses. La norma logró los apoyos de la entonces sólida mayoría que sustentaba al Gobierno, y solo PP y Vox votaron en contra. Pero lo cierto es que no lo hicieron por la disposición adicional octava, la que permitía a los descendientes de los exiliados por el franquismo acceder a la nacionalidad española, sino esgrimiendo sus argumentos clásicos en los debates sobre el franquismo: el PP denunció que la ley buscaba “destruir el legado de concordia” de la Transición “y reeditar la división y la confrontación entre compatriotas”, mientras Vox calificó la norma de “totalitaria”, sostuvo que “impone una versión sectaria y distorsionada de la historia española del siglo XX” y criticó que, mientras “se destruirá hasta el último yugo y flechas”, “podrán exhibirse sin problemas la hoz y el martillo o la bandera tricolor”. Tan desapercibida pasó la disposición adicional octava sobre nacionalizaciones en la tramitación parlamentaria que el PP, incluso, presentó una enmienda al texto que los propios populares calificaron de mera “mejora técnica”. El texto finalmente aprobado en la ley de nietos es prácticamente calcado al contenido de esa enmienda registrada por el PP. Vox, por el contrario, optó por no presentar ni una sola modificación parcial a toda la ley de memoria democrática, y escenificó su oposición presentando una enmienda de totalidad de devolución —el instrumento parlamentario que sirve para intentar detener la tramitación de una iniciativa en las primeras fases de la misma— en la que calificaba el texto de “totalitario” e “inmoral”. En ella, la formación ultraderechista no hacía ninguna mención a la posibilidad de que los nietos de exiliados pudieran optar a la nacionalidad española. Una vez aprobada la Ley de Memoria Democrática, la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública aprobó una instrucción en octubre de 2022 para desarrollar la disposición adicional octava y detallar la fórmula para que los descendientes de exiliados por el franquismo solicitaran la nacionalidad y los criterios para su concesión. En los últimos días, el PP ha centrado sus críticas en esta instrucción, que los populares aseguran que ha servido para ampliar el derecho a solicitar la nacionalidad a todos los descendientes de españoles, se exiliaran sus antepasados por la represión franquista o no. “El Gobierno ha eliminado el criterio de exilio por vía de una instrucción”, denunció este miércoles la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz. Lo que dice la polémica instrucción La realidad es que la instrucción que critican los populares sí hace una interpretación extensiva de la posibilidad de optar a la nacionalidad española, pero la sustenta con una explicación jurídica y no de carácter político. Según recoge ese texto, la Ley de Memoria Democrática de 2022 profundiza expresamente en el camino abierto en la primera Ley de Memoria Histórica, aprobada en 2007 bajo la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero. Dicha norma ya permitía optar a la nacionalidad a “las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español” —sin mencionar el exilio— y “a los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio”. La instrucción considera que, si se entiende que la ley de 2022 tiene “por objeto ampliar los supuestos de opción” a optar a la nacionalidad española, “parece lógico entender que el legislador no ha querido excluir del ámbito de aplicación de esta ley” a quienes ya se les reconocía ese derecho en 2007, es decir, a todos los hijos de padre o madre español, y no solo a aquellos cuyo antepasado se hubiera exiliado. “De modo que, tanto los nacidos fuera de España de padres o abuelos originariamente españoles” no exiliados “como los nacidos fuera de España de padres o abuelos que por el exilio perdieron la nacionalidad española o renunciaron a ella” podrán optar a la nacionalidad, estableció el texto. Esa es la interpretación que no comparte el PP, que no ha sido consciente de la profundidad de la llamada 'ley de nietos' hasta este mismo 2026, más de tres años después de su aprobación y cuando el plazo para pedir la nacionalización expiró hace meses. Fue el propio Alberto Núñez Feijóo quien lo denunció en enero. El problema es que ya no se puede llevar a los tribunales, aunque Vox sí anunció una “revisión de actos nulos”. El partido de Feijóo intenta, a la vez, criticar el procedimiento abierto por el Gobierno por limitarse a los exiliados represaliados del franquismo, así como la instrucción de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, que amplía el corpus de emigrantes que pueden adscribirse al proceso. Históricamente, no obstante, el voto exterior ha sido numéricamente poco relevante. En 2023 ya había más de 2,3 millones de españoles residentes en el extranjero con derecho a voto. De ellos, participaron un 10,04% del censo, lo que supuso 233.688 papeletas que solo movieron ese escaño ya citado en favor de Isabel Díaz Ayuso. En el PP lanzarán una serie de iniciativas parlamentarias ante la imposibilidad de tumbar un procedimiento que ya ha reconocido sus derechos a más de medio millón de personas, de las cuales más de 300.000 ya figuran en el Registro Civil. Entre otras cuestiones, el partido de Feijóo pedirá la comparecencia del ministro de Exteriores, José Manuel Albares, y una batería de preguntas parlamentarias. Querella ante los tribunales La polémica desatada por la ley de nietos también ha llegado a los tribunales, aunque no ha sido el PP quien la ha judicializado, sino la asociación ultracatólica HazteOir, que este viernes presentó una querella contra Sofía Puente —hermana del ministro de Transportes— por supuesta prevaricación cuando era directora de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública. Hazte Oír acusa a Puente de haber hecho una interpretación excesivamente amplia de la ley de nietos en la instrucción que aprobó para su aplicación que permite solicitar la nacionalidad no solo a los represaliados del franquismo, sino a los descendientes de todos aquellos que la perdieron por abandonar España, fueran cuales fueran los motivos. No obstante, no es la primera vez que la 'ley de nietos' acaba en los tribunales. En el año 2024, la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica —un colectivo fundado en 2007 contra la primera ley de memoria histórica— ya se querelló contra Sofía Puente. En esta ocasión, no obstante, la querella se sustentaba justo en los argumentos contrarios: que la norma era discriminatoria porque otorgaba el derecho a solicitar la nacionalidad únicamente a exiliados políticos y no a los descendientes de españoles que emigraron por razones económicas.

Génova 1-0: el Supremo avala sus dudas sobre la regularización de inmigrantes, pero pincha con la ley de nietos

La semana comenzó bien para el Partido Popular tras conocerse que el Tribunal Supremo abre la puerta a llevar al […]

Óscar López ataca a Feijóo por decir que la Ley de Nietos es «ingeniería electoral»: «Son teorías conspiranoicas»

Óscar López, ministro de Transformación Digital y para la Función Pública, ha atacado a Alberto Núñez Feijóo después de que el líder del PP asegurase que la Ley de Nietos, con la que más de 2 millones de personas podrían obtener la nacionalidad española, es «ingeniería electoral». «Vuelven a las teorías conspiranoicas», ha ironizado el … Continuar leyendo "Óscar López ataca a Feijóo por decir que la Ley de Nietos es «ingeniería electoral»: «Son teorías conspiranoicas»"