Diversos actores políticos y sindicales han expresado su indignación por la tardanza del Ejecutivo en asumir la dirección de la emergencia migratoria en Ceuta, activada a finales de julio. El presidente de la ciudad autónoma denunció un fallo estrepitoso, mientras el sindicato policial JUPOL calificó la demora de inaceptable. El Gobierno, a través del ministro Ángel Víctor Torres, defendió su gestión y pidió rebajar la tensión social.
Agentes de la Policía Nacional han tenido que intervenir en la playa del Trampolín de Ceuta utilizando gases lacrimógenos ante los altercados registrados durante el reparto de alimentos a los migrantes asentados en la zona. Se reportan tanto desórdenes en la recepción de la comida como la irrupción de vecinos bloqueando el paso de los camiones de Cruz Roja.
Las declaraciones públicas de los ministros de Defensa e Interior sobre el papel del CNI en la entrada masiva de migrantes en Ceuta el pasado verano están marcadas por contradicciones, como ha documentado el verificador Maldita.es. Mientras Margarita Robles aseguró que el centro de inteligencia cumplió con su labor e informó a las autoridades, Fernando Grande-Marlaska negó inicialmente haber recibido avisos que anticiparan la crisis, para luego reconocer la existencia de reuniones y comunicaciones previas.
El Consejo de Ministros ha dado luz verde a un anteproyecto de nueva ley de asilo y a la reforma de la ley de extranjería. El objetivo es transponer el Pacto Europeo de Migración y Asilo, buscando una gestión más ágil de los flujos migratorios, según el Ejecutivo.
La afirmación del exjefe de Extranjería en Ceuta sobre un supuesto efecto 'exponencial' de reagrupación familiar no se ajusta a la realidad legal. Los verificadores de Maldita.es señalan que la autorización de residencia para estos jóvenes debe iniciarse mientras son menores y solo tras demostrar la imposibilidad de su repatriación, un proceso que no conlleva un derecho automático a reagrupar a su familia.