Finaliza el plazo de la regularización extraordinaria de migrantes con más de un millón de solicitudes, el doble de lo previsto

Sánchez anuncia un plan de integración de 500 millones de euros y defiende la regularización: "España será un país mejor"

"La regularización es un éxito de gestión migratorio, un paso clave para sacar de la invisibilidad de cientos de miles de personas. Y el plan de integración convierte ese primer paso en un proyecto de vida", ha dicho SánchezEl Supremo considera que la regularización de migrantes podría chocar con la norma europea El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este martes la dotación de 500 millones de euros a un plan de integración que busca “garantizar el cumplimiento de los derechos y los deberes” de las personas migrantes en España, mientras cla Administración continúa analizando más de un millón de solicitudes para la regularización de migrantes. “La regularización es un éxito de gestión migratoria, un paso clave para sacar de la invisibilidad de cientos de miles de personas. Y el plan de integración convierte ese primer paso en un proyecto de vida”, ha resumido el jefe del Ejecutivo en un discurso en el que ha defendido el proceso extraordinario “por moralidad e inteligencia”. El plan de integración, anunciado por Pedro Sánchez hace más de un año, ha salido a la luz el mismo día en que finaliza el plazo para la presentación de solicitudes de la regularización extraordinaria. Es un gesto que reconoce la importancia de acompañar el proceso con una serie de medidas concretas que buscan “asegurar la inclusión” de los recién llegados, a través de varios pilares como la formación, el refuerzo de los servicios públicos o la inversión en programas formativos en las áreas con más necesidad de mano de obra en España. Además de garantizar los derechos de las personas migrantes, Sánchez también ha incidido en la importancia de facilitar que los recién llegados también cumplan con los “deberes” que “toda la sociedad en España debe cumplir” como la igualdad de género, los derechos LGTBI, los valores democráticos o el manejo de los idiomas oficiales. El plan aborda lo que considera los posibles “desafíos” ligados a los procesos migratorio. Para el presidente del Gobierno, detrás de los retos de convivencia se esconde principalmente la exclusión y, dice, es ahí donde hay que dedicar parte de los recursos impulsados por el plan. “El proceso de regularización, con más de un millón de solicitudes presentadas, da cuenta de que detrás de cada petición hay una persona que quiere formar parte [de la sociedad] con todos los derechos y deberes. Los retos vienen de la exclusión. La exclusión no favorece a nadie, no da prioridad nacional a nadie, hace la vida más difícil al que llega y al que lo acoge”, ha afirmado el presidente. El plan contará con “cuatro grandes ejes, 16 medidas y 10 objetivos” para cumplir “de aquí a 2030”. El primer pilar tiene que ver con “la integración” y la aprobación de medidas para activar más vías de “flujos migratorios ordenados y regulares”. Según Sánchez, “esto exige pensar en dos cuestiones: cómo llega la gente a nuestro país y cómo está la gente con nosotros”, por lo que apostará por el “reconocimiento de derechos y responsabilidades” de quienes viven en España. En este sentido, el plan incluye el objetivo de abrir “más alternativas a quienes van a venir, vías legales y ordenadas para facilitar la integración desde el primer día”. “Es importante empezar antes de cruzar la frontera”, ha añadido. Para ello, el Gobierno se compromete a poner en marcha “una agencia estatal de movilidad humana”. La nueva agencia “reunirá funciones y recursos hoy dispersos para ofrecer una gestión más eficaz. Mantendrá los procedimientos y preservará las medidas ligadas al control fronterizo”, ha apuntado. El jefe del Ejecutivo asegura que esta oficina creará “más sinergias dentro de la administración del Estado, y más seguridad y protección”. El segundo eje se centra en el trabajo “como principal herramienta” de inclusión. “No hay integración plena sin autonomía”, ha afirmado. Con este fin, el Gobierno activará una oferta extraordinaria de FP, con una mayor oferta en las áreas con mayor necesidad de mano de obra en España, que tendrá una dotación de más de 150 millones. El tercer eje profundiza en la “integración como un compromiso recíproco”. En este aspecto, Sánchez incide en esa idea de garantizar los derechos y deberes. “La sociedad española también tiene la responsabilidad de garantizar esos valores y ese marco legislativo que nos hemos dado y debe garantizar la igualdad de trato y combatir la discriminación”, ha dicho. Al mismo tiempo, “los que llegan tienen que respetar nuestras leyes, aprender nuestras lenguas cooficiales, compartir los valores. Deben formar parte de esa comunidad”, ha añadido. “En España esas reglas son claras: valores democráticos, derechos LGTBI, aconfesionalidad del estado, respeto al diferente. No son condiciones para uno y privilegios para todos, son las reglas de todos y de todas”, ha añadido. Para ello, el Gobierno reforzará los recursos de las administraciones implicadas en la inclusión, como los ayuntamientos y las administraciones estatales. El plan incluye, en ese sentido, una dotación 30 millones de euros “que refuerzan el aprendizaje de los idiomas oficiales, y programas de integración comunitaria para mejorar la convivencia en barrios y ciudades”. Según Sánchez, el objetivo es aumentar la inclusión trabajando no solo con las personas migrantes, sino también con la sociedad de acogida. “Vamos a reformar lo que cada vez es más común. Los discursos de odio, mejorando el apoyo a las víctimas”, ha indicado el presidente. Por último, el cuarto eje apunta a “asegurar el cumplimiento” de los derechos y libertades. Para ello, el plan promete “eliminar las barreras culturales, sociales y económicas para que todos puedan acceder en igualdad de condiciones a los servicios públicos”. El Ejecutivo dedicará 200 millones a reforzar “los servicios públicos y garantizar la igualdad de oportunidades, impulsando el éxito educativo y combatiendo la segregación escolar”.

Augustin Ndour, activista senegalés: "La regularización extraordinaria es un éxito colectivo que pensé que no ocurriría"

Afincado en Granada, Ndour es una de las personas que ha luchado por lograr que se realice un proceso que finaliza este 30 de junio y que puede beneficiar a casi un millón de personas, según estimaciones de las propias plataformas migrantesDos tercios de los 900.000 migrantes que ya han pedido la regularización son latinoamericanos, la mayoría colombianos Augustin Marie Ndour no habla de él mismo sino del colectivo. Afincado en Granada y nacido en Senegal en 1969, este activista, que llegó a ser el primer candidato negro a la presidencia del Gobierno en España en los comicios de 2019, es hoy un hombre feliz porque su lucha ha servido para abrir camino. No en vano, es uno de los impulsores de la iniciativa legislativa popular (ILP) de 2024 que ha permitido ahora que el Gobierno de PSOE y Sumar, a través de un real decreto, impulsase una regularización extraordinaria que acaba este 30 de junio y que es un “éxito colectivo”, en palabras del propio Ndour. Lo es porque durante mucho tiempo pareció imposible que España volviese a iniciar un procedimiento administrativo de este calado -la última fue en 2005 durante el Gobierno de Zapatero-. Con un creciente auge de la extrema derecha, el viraje del debate hacia posiciones xenófobas y aporofóbicas pareció guardar en un cajón la ILP que tanto había costado impulsar y que hasta el Partido Popular llegó a decir que apoyaría en su tramitación parlamentaria. “Fue frustrante. Una montaña rusa. Por momentos creíamos que no se produciría la regularización”, admite Augustin. Ndour reconoce que hubo momentos en los que llegó a desesperarse al comprobar cómo la iniciativa quedaba atrapada entre los intereses de los partidos. “Sabíamos que era buena para el conjunto de la sociedad, pero muchas veces los intereses partidistas estaban por encima del interés común”, lamenta. Durante meses mantuvieron reuniones con representantes del PSOE, del PP y del resto de grupos parlamentarios para tratar de desbloquear una medida que parecía condenada a permanecer en un cajón. “Lo pasé mal porque uno piensa que quienes están en política están para mejorar la vida de la gente”, admite. Un trabajo de años Antes incluso de que la iniciativa legislativa popular llegase al Congreso, Ndour tenía claro que era el momento de intentarlo. “O era ahora o nunca”, recuerda. Temía que un cambio de ciclo político cerrase durante años cualquier posibilidad de sacar adelante una medida de este tipo. Fue entonces cuando llamó a Jorge Serrano, coordinador del Partido por un Mundo Más Justo, formación en la que milita desde hace años, y le planteó una idea que llevaba tiempo rondándole la cabeza. “Le dije que si no hacíamos algo, me encadenaba a los leones del Congreso”, rememora entre risas. Aquella conversación fue el punto de partida de una ILP que, con el respaldo de entidades como Regularización Ya!, la Fundación para la Ciudadanía Global, REDES, Fundación porCausa y decenas de organizaciones sociales, logró reunir más de medio millón de firmas para llegar a la Cámara Baja. “Cada organización jugó un papel fundamental. Éramos entidades muy distintas, con formas diferentes de entender muchas cosas, pero todos teníamos claro que aquí lo importante no eran los protagonismos, sino que esto saliera adelante”, insiste. Por eso rechaza cualquier intento de atribuirle el éxito en solitario. “Ha sido una victoria de la sociedad civil. Hay muchísima gente detrás que ha trabajado de manera extraordinaria durante años”. El trabajo, sin embargo, no terminó cuando el Gobierno aprobó el real decreto que abrió el proceso de regularización extraordinaria. Durante los tres meses de plazo, las organizaciones han tenido que volver a movilizarse para intentar que ninguna persona quedase fuera por trabas burocráticas. Una de las principales dificultades fue la obtención del certificado de vulnerabilidad, un requisito que en algunos municipios se convirtió, según denuncia, en un auténtico cuello de botella. Esa implicación práctica ha marcado también los últimos meses de su trabajo. Más allá de la reivindicación política, Ndour ha pasado buena parte de este tiempo atendiendo llamadas de personas que apuraban los plazos, resolviendo dudas sobre la documentación o intentando encontrar soluciones para quienes se encontraban con obstáculos administrativos. Para intentar salvarlos, la Fundación para la Ciudadanía Global desarrolló una aplicación que permitía tramitar ese certificado de forma telemática, verificando la identidad, la geolocalización y la situación de vulnerabilidad de cada solicitante mediante documentación y una grabación en vídeo. “Lo que más me preocupaba era que muchísimos hermanos se quedaran fuera por cuestiones administrativas. Intuimos que van a pasar muchos años hasta que vuelva a existir una oportunidad como esta”, explica. Una convicción personal Esa preocupación tiene mucho de biográfica. Ndour sabe perfectamente qué significa vivir pendiente de un plazo o de un documento. Llegó a Europa desde Senegal, pasó por Portugal y terminó instalándose en España justo cuando concluía el último gran proceso extraordinario de regularización. No consiguió acogerse a él y tuvo que buscar otras vías para obtener la documentación. “Ahora me llaman muchos chavales diciendo que todavía no les ha llegado el certificado de antecedentes penales o que les falta algún papel. Recuerdo perfectamente esa angustia porque yo también la viví”, afirma. Su historia personal es, en buena medida, el origen de su activismo. Recién llegado a España sufrió un accidente de moto mientras trabajaba sin documentación. Acabó hospitalizado, con las piernas rotas, sin apenas hablar español y sin conocer a nadie. Aquella experiencia le llevó a acercarse a la Pastoral de Migraciones y comenzar una labor de acompañamiento que, más de dos décadas después, sigue desarrollando. “Después de haber pasado por todo aquello y ver que, veinte años después, sigue habiendo personas viviendo exactamente lo mismo, pensé que no podía quedarme de brazos cruzados”. Aquella experiencia le permitió comprobar cómo la irregularidad administrativa se convierte en una forma de vulnerabilidad permanente. Recuerda, por ejemplo, que el empresario para el que trabajaba cuando sufrió el accidente apenas permaneció tres minutos en el hospital. “Entró, me preguntó cómo estaba y enseguida me pidió las llaves del trabajo porque no quería que aquello sirviera como prueba de que yo estaba trabajando sin papeles. Se marchó y no volvió”, relata. Para él, esa escena resume la indefensión de miles de personas que, por miedo a perder el empleo o ser expulsadas, aceptan condiciones laborales que nunca asumirían si tuvieran una situación administrativa regular. Salir de “la cárcel” La irregularidad administrativa, insiste, no solo impide acceder a un empleo estable. Condiciona toda la vida. “Es como estar en una cárcel y que, de repente, te digan que puedes salir”, resume. Haber trabajado sin papeles en los invernaderos de Almería o aceptar empleos precarios le permitió comprobar, dice, que quien vive en esa situación apenas puede reclamar derechos laborales básicos. “Si tienes 40 de fiebre, vas a trabajar porque sabes que, si no, te sustituyen por otra persona. Cuando te regularizas empiezas a cotizar, claro, pero también puedes exigir tus derechos, coger una baja, tener vacaciones o negarte a determinados abusos”. Por eso sostiene que la regularización extraordinaria no debe entenderse como un punto final, sino como el inicio de un camino. “La primera integración es la integración jurídica. Sin papeles no podemos hablar de integración económica ni social porque no tienes acceso a casi nada”, defiende. Aunque celebra el proceso que ahora concluye, Ndour considera que España todavía tiene pendiente una reforma profunda de la Ley de Extranjería. Aun así, cree que la movilización social ha demostrado que es posible cambiar las cosas. “Cuando empezamos hablábamos de unas 500.000 personas en situación irregular. Ahora las estimaciones hablan de hasta 900.000, incluso cerca de un millón. Un Estado no puede permitirse tener a tanta gente viviendo en un limbo jurídico”, sostiene. Esa es también la razón por la que rechaza el discurso que presenta las regularizaciones como un privilegio. A su juicio, lo que hacen es sacar a la luz una realidad que ya existe. “No hablamos de personas que van a venir mañana. Hablamos de personas que ya viven aquí, que trabajan, que alquilan habitaciones, que consumen y que forman parte de nuestra sociedad, aunque el Estado no las reconozca jurídicamente”, sostiene. Lejos de dar por terminada la lucha, el activista senegalés cree que la principal victoria de estos años trasciende incluso a la propia regularización. “La sociedad civil vuelve a tener la confianza de que, cuando se organiza y se moviliza, puede conseguir cambios importantes”. Una convicción que, para él, vale casi tanto como el real decreto que este 30 de junio pone fin a uno de los procesos de regularización más importantes de las últimas décadas. De hecho, hay cierta ironía en que quien hace más de veinte años no llegó a tiempo para acogerse a una regularización extraordinaria haya terminado dedicando buena parte de su vida a impulsar otra que puede beneficiar a cerca de un millón de personas. Ndour sonríe cuando se le recuerda esa coincidencia, pero vuelve enseguida a su idea de siempre: “No es la historia de una persona. Es la historia de muchísima gente que decidió que esto merecía la pena”.

El Gobierno ya ha concedido el 50% de las más de un millón de solicitudes de regularización de migrantes

Ante la posibilidad de que el Supremo consulte al TJUE sobre la medida, el Ejecutivo insiste en que solo afecta a España y que no sirve para desplazarse por la Unión Europea.

Las solicitudes de regularización se disparan

No puede haber norma europea que frene una iniciativa como la regularización de inmigrantes.

Sánchez anuncia 500 millones para integrar migrantes y alerta contra los "mensajes de odio" de las redes y la política

El presidente del Gobierno confirma que más de un millón de inmigrantes han solicitado acogerse a la regularización extraordinaria.Más información: El Supremo activa el proceso para que el TJUE intervenga contra la regularización de 1,3M de inmigrantes de Sánchez

Más de un millón de solicitudes de regularización en España: ¿normalización o coladero político?

La imagen se repite en las oficinas de extranjería, Correos y Seguridad Social: largas filas, teléfonos alzados, una mezcla palpable de nerviosismo y alivio. En el ámbito político, este mismo escenario se utiliza para narrar dos relatos divergentes: para el Gobierno, es un “acto de justicia social”; mientras que la oposición lo califica como un […] The post Más de un millón de solicitudes de regularización en España: ¿normalización o coladero político? appeared first on Periodista Digital.