El Supremo consulta a las partes personadas sobre si debe preguntar al TJUE por la regularización de migrantes

Tres jueces conservadores del Supremo abren la vía europea sin amenazar la mayor parte de la regularización

La futura decisión de elevar la medida hasta los tribunales europeos no implica la suspensión automática del proceso de regularización y sería tomada por jueces que ya han rechazado suspenderla de forma cautelarEl Supremo considera que la regularización de migrantes podría chocar con la norma europea Dos providencias del Tribunal Supremo han puesto en alerta a cientos de miles de personas pendientes de la regularización extraordinaria de inmigrantes cuyo plazo de presentación de solicitudes ha terminado este martes. Tres magistrados de la sección quinta de lo contencioso han decidido preguntar si deben llevar este proceso de regularización ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ante el riesgo de que choque con la normativa comunitaria en materia de migraciones. Una providencia firmada por tres magistrados de corte conservador que ya intentaron sin éxito paralizar este procedimiento y que ahora, aunque abran la vía europea para cuestionar la medida, no implica un alto riesgo de que todo el proceso de regularización, al que se han presentado más de un millón de personas, vaya a quedar suspendido. El ejecutivo lanza un mensaje de tranquilidad, pero trabaja con varios escenarios, preparado por si unas posibles medidas cautelares afectasen a las solicitudes pendientes de admisión. Más de un millón de personas han presentado su solicitud para acogerse a este Real Decreto y regularizar su situación, inicialmente, con una autorización de residencia legal de un año en vigor y poder vivir y trabajar en España. Una medida que ha recurrido ante el Tribunal Supremo por diversos colectivos ultracatólicos y de extrema derecha, el partido Vox y varias comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular. Entre ellas Madrid, Aragón y la Comunidad Valenciana. El proceso judicial arrancó con una vista en la que los recurrentes pidieron que la regularización extraordinaria quedase paralizada de forma cautelar y la sección quinta de lo contencioso del Supremo contestó: no había motivos para frenar en seco el procedimiento. Ni se aceptó la alarma planteada por la Comunidad de Madrid sobre el hipotético colapso de la sanidad y la educación para atender a miles de nuevos beneficiarios ni tampoco cualquier otro argumento. Paralizar de forma cautelar el proceso, además, afectaría de lleno a las vidas de los cientos de miles de personas que lo han solicitado. Pero esa decisión no fue unánime. Dos jueces, Wenceslao Olea y Fernando Román, afirmaron en un voto particular que sí había motivos para suspender la regularización, aunque se quedaron en minoría y las cautelares se rechazaron. Los dos insistieron durante esas primeras deliberaciones que existía un riesgo de que la regularización chocara con la normativa europea de migración, pero se encontraron con un muro cuando sus compañeros les recordaron que ningún recurso de los que estudiaban había planteado esa posibilidad. Una situación que cambió cuando llegaron a la mesa de los jueces los recursos de Aragón y la Comunidad Valenciana. En esas vistas, los abogados de estas comunidades gobernadas por el PP sí plantearon la posibilidad de llevar el caso hasta el TJUE, aunque no fueron capaces de desarrollar su petición ante la sala. Una puerta abierta a las dos providencias con las que el Tribunal Supremo avanza ese posible choque y pide su opinión a las partes. Estas providencias solo reflejan tres firmas del total de siete magistrados que llevan el caso en esa sección. Dos de ellas son de Wenceslao Olea y Fernando Román, los que hace unas semanas apostaron ya por elevar el caso a Europa y paralizar la regularización de forma urgente. El primero fue vocal del anterior mandato del Consejo General del Poder Judicial y formó parte del bloque que, entre otras maniobras, frenó la renovación parcial del Tribunal Constitucional. El segundo fue secretario de Estado de Justicia en la primera legislatura de Mariano Rajoy, a la diestra de Alberto Ruiz Gallardón. La tercera firma es de Carlos Lesmes, expresidente conservador del CGPJ y que hace semanas se opuso a las cautelares. La amistad de Lesmes y Román fue reconocida por el primero cuando se apartó de las votaciones para hacer magistrado del Supremo al segundo en 2018. Las dos providencias plantean la posibilidad de que la reforma de la Ley española choque con varios puntos de la normativa europea, desde directivas y reglamentos hasta los Acuerdos de Schengen de 1994. Hablan de una “regularización masiva” que podría infringir el principio de cooperación leal con la Unión Europea e incluso citan normas que no han sido traspuestas al ordenamiento jurídico español o un reglamento que no era aplicable cuando se puso en marcha la regularización. Fuentes del Supremo muestran su extrañeza por la ausencia de nombres del resto de integrantes de la sección de lo contencioso que lleva estos recursos, pero también explican que a veces se elige este formato aunque la providencia sí refleje el criterio de todos los magistrados. También destacan que preguntar a las partes no equivale a que el criterio mayoritario sea enviar el caso a Europa y, sobre todo, señalan que una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión, en caso de que se termine llevando el asunto hasta Luxemburgo, no implica la suspensión de la regularización. Esa medida, de hecho, estaría alejada del criterio mostrado por los propios jueces que tienen que tomar la decisión. Cinco de los siete jueces ya dijeron hace varias semanas que no había razones para frenar la regularización o sus efectos. No había pruebas del colapso de los servicios públicos que vaticinó la Comunidad de Madrid, pero sí existía un peligro de afectar tanto a los intereses públicos como a los derechos de los migrantes si se estimaban esas cautelares. Distintas fuentes apuntan a la dificultad de cambiar ese criterio por el hecho de que se eleve, a petición de Aragón o la Comunidad Valenciana, una cuestión prejudicial. No se paraliza automáticamente Elevar una cuestión al TJUE no implica la paralización automática ni del proceso judicial concreto ni tampoco de la normativa que se ha recurrido. Existen varios antecedentes de la sala tercera del Supremo que apuntan en esa dirección: cuando se cuestionó el canon de aguas continentales en 2017 o ya en 2022 cuando se preguntó a Europa por la normativa española de VTC. Esos recursos concretos quedaron paralizados pero las normativas llevadas a Luxemburgo siguieron en funcionamiento hasta que hubo un pronunciamiento europeo. El debate, en cualquier caso, tendrá que ser abordado por el Supremo en los próximos días. La Generalitat Valenciana informó este martes de que ha reiterado su petición de suspensión cautelar y de llevar el debate hasta el TJUE. En Aragón todavía se valoran las alegaciones que se presentarán en los próximos días. Los propios jueces Olea y Román plantearon esta posibilidad pero reconociendo que si una norma española choca con una europea “los principios que informan dicho ordenamiento aconsejan especialmente la adopción de la medida cautelar”, sin aludir a una suspensión automática. El Gobierno ha insistido en lanzar un mensaje de tranquilidad a los solicitantes de la regularización al reiterar su confianza en el texto de la normativa que la regula. “La norma se ha redactado velando estrictamente por su compatibilidad con el derecho comunitario”, han afirmado este martes fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Ya desde la aprobación del real decreto, con el objetivo de explicar las razones del endurecimiento parcial del texto definitivo en comparación con los borradores anteriores, el Ejecutivo incidía en una necesidad que marcó todo el proceso: no dejar cabos sueltos que pudieran generar una grieta jurídica, conscientes de la intención de PP y Vox de llevar la iniciativa a los tribunales.  Con esa finalidad, el real decreto recogió todas las “recomendaciones esenciales” del Consejo de Estado. “Este es un texto sólido, riguroso, que ha pasado todos los trámites preceptivos con el aval del Consejo de Estado. Afrontamos con total tranquilidad este procedimiento. Era muy importante que este texto estuviera muy armado jurídicamente”, respondió la ministra Elma Saiz para explicar algunos de los cambios realizados a última hora, como la incorporación de un informe para probar la situación de vulnerabilidad de los solicitantes.  El Gobierno trabaja en varios escenarios Pese a su confianza en su norma, el Gobierno reconoce que trabaja en varios escenarios de cara a los posibles avances del procedimiento abierto en el Tribunal Supremo contra la medida. Una de las distintas coyunturas analizadas es la posibilidad de que los magistrados, una vez reciban las alegaciones de las partes, puedan llegar a decidir elevar la cuestión prejudicial al TJUE y, en paralelo, estimar la paralización temporal del procedimiento mientras la Justicia comunitaria estudia el fondo del asunto. Para el Ejecutivo, la concesión de las medidas cautelares para suspender el estudio de las solicitudes de regularización sería contradictoria en comparación con la contundencia con la que los magistrados rechazaron aplicar esta misma medida en mayo. No obstante, el Ejecutivo reconoce que la mera posibilidad de que el procedimiento pudiese llegar a ser suspendido temporalmente -sin revocar las peticiones admitidas- les empuja a correr. Según afirman varias fuentes gubernamentales, su intención es agilizar el estudio de las solicitudes para que, en el hipotético caso de que la Justicia estimase las cautelares, ya hubiese sido respondida la admisión de trámite del más de un millón de peticiones, con el objetivo de aumentar la seguridad jurídica. La mera admisión a trámite de las peticiones que cumplan los requisitos incluye un permiso provisional de residencia y trabajo, lo que en la práctica supone el reconocimiento efectivo de un derecho que, según defiende el Gobierno, no podrá ser revocado retroactivamente en una decisión cautelar.  No obstante, al menos hasta ahora, el ritmo de la tramitación de las solicitudes no ha cumplido con los tiempos previstos inicialmente. Migraciones se comprometió a dar una respuesta sobre la admisión a trámite en un máximo de 15 días, pero ese plazo se ha visto rebasado con creces en la mayoría de casos, según los balances oficiales anunciados hasta el momento y los testimonio de decenas de solicitantes, abogados y ONG recogidos por elDiario.es. Por ejemplo, muchas de las personas que han presentado su expediente en mayo, a las que está dando seguimiento este medio, aún no han recibido una respuesta.  “No hay riesgo de paralización inmediata” La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), una de las organizaciones personadas en la causa que estudió los recursos de la Comunidad de Madrid y Vox, se une al mensaje tranquilizador del Gobierno. “No hay riesgo de paralización inmediata porque, en primer lugar, las medidas cautelares ya están resueltas. Lo que ahora mismo está tramitándose es la opinión de los actores sobre esa petición que hace uno de los demandantes de preguntar al TJUE en una cuestión prejudicial, pero tendrá que decidir y tramitar el Supremo, lo que llevará un tiempo”, explica Mauricio Valiente, director general de la ONG.  Valiente defiende que la norma de la regularización no contraviene el derecho comunitario. Pero, como abogado, considera que “en base a derecho” podría haber margen a la interpretación y no ve imposible una hipotética paralización temporal del procedimiento por parte del Supremo en caso de decidir elevar la cuestión prejudicial al TJUE. “En la práctica, conllevaría que no se continuarían resolviendo expedientes. Quienes ya tuviesen resuelta la admisión a trámite, verían prorrogada su autorización provisional durante el tiempo en que el Tribunal europeo lo estudie y, en su caso, el Supremo”, detalla el director de CEAR.  La clave, de nuevo, son los plazos. El tiempo que tardará la Justicia en tomar, si lo hace, una decisión. Y el tiempo empleado por la Administración en responder las peticiones. “Primero están los plazos de contestación a la providencia, que son cinco días. Luego, la valoración de las cautelares por parte del Supremo es compleja y puede requerir su tiempo: tendrían que dar traslado otra vez y, finalmente, la decisión de la nueva cautelar”, añade.  Diego Boza, abogado especializado Derecho Internacional Público y Extranjería, tampoco ve probable la posibilidad de una suspensión del procedimiento de extranjería. “Me ha sorprendido bastante. Los argumentos para de la providencia del Supremo son bastante pobres”, opina el letrado, que destaca el argumento centrado en que la regularización de estas personas permite que puedan viajar a la UE y, por ello, el Gobierno debería haberlo avisado. “Como si cualquier concesión de residencia tendrían que comunicarlo al resto”, cuestiona.  El razonamiento que ve más elaborado tiene que ver con los solicitantes de asilo. “Hace referencia a una sentencia que apunta a que el tiempo de estancia de los solicitantes de asilo no puede generar derecho de residencia. Muchos abogados no estamos de acuerdo con esa interpretación, pero se trata de una interpretación que incluso ha utilizado el Gobierno para justificar los cambios normativos que afectaron a este colectivo y, ahora, se le podría venir encima”, indica el letrado. “En todo caso, son argumentos muy vagos. Está todo muy pillado por los dedos. Veo muy difícil que salga adelante esta cuestión prejudicial”, concluye Boza.

La Comisión Europea ya dijo que la regularización extraordinaria era legal y se niega a comentar la decisión del Supremo

Un portavoz de la institución europea apunta sobre las providencias del Supremo que "están todavía en los tribunales españoles. No hay más comentarios al respecto". El comisario europeo de Migraciones ya dijo hace meses que la regularización “es una competencia de los Estados miembros" El Supremo considera que la regularización de migrantes podría chocar con la norma europea La Comisión Europea no ha querido este martes hacer comentarios sobre la decisión del Tribunal Supremo de preguntar al Gobierno como a varias comunidades autónomas gobernadas por el PP y a distintas asociaciones si es procedente elevar una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre si la regularización extraordinaria de migrantes aprobada por el Ejecutivo socialista colisiona con las directivas europeas. La Comisión ya contestó en enero que la medida migratoria era competencia del Estado español y no había ilegalidades, aunque varios países han recriminado a España la regularización por las posibles consecuencias que puede tener para sus países en caso de movimientos dentro de la UE. Esta recriminación se hizo evidente en el pasado Consejo Europeo, cuando varios líderes europeos reprocharon al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que la regularización extraordinaria de migrantes en España podría tener un posible impacto en el resto de socios. Los reproches habrían venido por parte del primer ministro belga, Bart de Wever, la primera ministra de Dinamarca, la socialista Mette Frederiksen además de Hungría y Alemania. En un primer momento se señaló también a la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, pero tanto la delegación española como la italiana desmintieron que hubiera ninguna discusión entre ambos líderes y solo un intercambio de diferentes posiciones. Este martes, un portavoz de la Comisión Europea se ha limitado a decir ante las preguntas de los periodistas sobre las providencias del Supremo que “está todavía en los tribunales españoles. No hay más comentarios al respecto”. Sin embargo, el pasado enero, el comisario europeo de Asuntos Internos y Migraciones, Magnus Brunner, al ser preguntado por la iniciativa del Ejecutivo español explicó que “es una competencia de los Estados miembros hacer lo posible en la lucha contra inmigración ilegal. Este caso es distinto porque son personas que ya están en el Estado miembro y España tiene la competencia sobre cómo reaccionar y abordar la actuación legal de la migración”. Entonces tanto el PP como la formación ultraderechista Vox anunciaron que llevarían ante las instituciones europeas la medida para intentar frenarla. Entonces el comisario europeo competente en Inmigración dejó claro que el Gobierno español estaba haciendo política según las competencias que tiene atribuidas y la Comisión Europea no se puede meter en ese ámbito. “Estamos al tanto de la nueva ley y lo que se ha decidido en España. Está claro que es responsabilidad de cada Estado miembro. Hay que hacer distinción entre inmigración legal e ilegal y hay que encontrar soluciones y vías legales para soluciones este tema. Tenemos que trabajar conjuntamente, pero la Comisión Europea no tiene competencia en estas cuestiones, solo podemos recomendar itinerarios legales y llegar a acuerdos con los países miembros para que los asuman”, argumentó Brunner. Posteriormente, ante la presión de varios países y de las formaciones de derechas y ultraderecha en el Parlamento Europeo, el comisario europeo respondió a una pregunta del PP europeo en la que insistía en que “sin perjuicio del reparto de competencias definido por el ordenamiento jurídico de la Unión en relación con las políticas y las decisiones individuales de regularización del estatuto de los ciudadanos de terceros países en situación irregular”, es decir, que el proceso de regularización es competencia del Estado español, Brunner añadía que “las decisiones de los Estados miembro, en un espacio sin fronteras interiores, pueden tener consecuencias para otros Estados miembro y para la Unión en su conjunto”. En este sentido, Brunner hizo una interpretación propia de la normativa europea al señalar que “un permiso de residencia nacional no autoriza a desplazarse por la UE, sino únicamente a vivir y trabajar en el Estado miembro que lo expidió. La UE cuenta con normas claras que deben respetarse. Por ejemplo, si se descubre que una persona titular de un permiso de residencia nacional se encuentra en situación irregular en otra parte de la UE, o si esa persona solicita asilo en otro Estado miembro, deberá regresar al Estado miembro que expidió su permiso de residencia”. Lo cual no significa que la medida española sea ilegal, sino que el comisario europeo está solicitando que un permiso de residencia en un país no permita moverse por el espacio Schengen. Sin embargo, una reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) tumbó el planteamiento del comisario europeo. El TJUE sentenció a principio de junio que tener un permiso de residencia en un país de la UE no excluye que se le pueda conceder en otro país de la UE, pero además dictamina que hay que tener en cuenta aspectos como la unidad familiar a la hora de la concesión de estos permisos y que no se debería expulsar a una persona de un país sin tener en cuenta estos condicionantes.

El Gobierno confía en que un hipotético dictamen del Tribunal de la UE no podrá revocar la regularización de migrantes

Fuentes gubernamentales lanzan un mensaje de tranquilidad a los solicitantes de la regularización y, más allá de defender que la medida es compatible con el derecho europeo, confía en que una hipotética resolución en contra del prodecimiento no podrá revocar la concesión de los permisos de residencia reconocidos en base a ellaEl Supremo considera que la regularización de migrantes podría chocar con la norma europea El mismo día que Pedro Sánchez ha hecho gala de su política migratoria acompañado de ocho ministros, con la regularización como bandera y el anuncio del nuevo plan de integración, se ha conocido un nuevo paso del Tribunal Supremo sobre los recursos en contra del procedimiento extraordinario del que ya depende más de un millón de personas. Los magistrados han preguntado a las partes si consideran procedente elevar una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que valore si la regularización extraordinaria de migrantes aprobada por el Gobierno colisiona con las directivas europeas. El Ejecutivo, sin embargo, ha lanzado un mensaje “de tranquilidad” a todos los solicitantes, confiando en que la medida cumple con la normativa europea. “La norma se ha redactado velando estrictamente por su compatibilidad con el derecho comunitario”, responden fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, responsable de la medida de la que dependen ya más de un millón de peticiones. Según explican las mismas fuentes, el plazo para que el Ministerio se pronuncie sobre la pertinencia de la cuestión prejudicial está abierto hasta el viernes 3 de julio. En este sentido, el departamento dirigido por Elma Saiz está trabajando con la Abogacía del Estado “para aclarar las cuestiones planteadas”. Una vez concluya este plazo, el Tribunal Supremo escuchará estas alegaciones y deberá decidir si eleva esta cuestión al TJUE para que opine sobre si la regularización puede ir en contra de las directivas comunitarias, especialmente de aquellas ligadas al nuevo pacto migratorio europeo. Desde el Gobierno aseguran que la normativa que rige la regularización está en consonancia con la legislación comunitaria. En caso de que los magistrados decidan elevar la cuestión al tribunal comunitario, el Ministerio considera que la actuación “serviría para resolver dudas concretas antes de resolver el fondo de la cuestión”. “Recordamos que la regularización otorga un permiso de residencia y trabajo válido exclusivamente en el territorio español”, añaden. Más allá de mostrar su confianza en la seguridad jurídica del real decreto de la regularización, fuentes del Gobierno recuerdan los prolongados plazos que suele conllevar este tipo de cuestiones prejudiciales, que precederían a la decisión de los jueces encargados del asunto, todos conservadores. El Ejecutivo confía en que, decida lo que decida sobre el fondo del asunto, la resolución llegará cuando todas las solicitudes hayan sido admitidas a trámite y, por tanto, el derecho efectivo a la residencia, aunque sea temporal, ya esté reconocido en los casos que cumplan los requisitos. Las fuentes gubernamentales sostienen que revocar ese derecho sería prácticamente imposible. En dos providencias que responden a recursos de Aragón y Comunidad Valenciana sobre determinados aspectos del Real Decreto 316/2026, la sección quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal ha dado cinco días a las partes para que puedan expresar su parecer acerca de la procedencia de que el TJUE interprete si puede haber conflicto con el Derecho de la Unión Europea. Y da este paso antes de resolver sobre las cautelares que ambas comunidades solicitaban en sendos recursos. El procedimiento El Tribunal Supremo ha acordado preguntar tanto al Gobierno como a varias comunidades autónomas gobernadas por el PP y a distintas asociaciones si es procedente elevar una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que valore si la regularización extraordinaria de migrantes aprobada por el Ejecutivo socialista colisiona con las directivas europeas. A finales de mayo, esa misma Sala del Supremo rechazó la petición cautelar de la Comunidad de Madrid de suspender la regularización. Los magistrados entendían que no existen pruebas de que los servicios públicos de Madrid pudieran colapsar por la regularización extraordinaria de migrantes. Acordaban así no aceptar las medidas urgentes de paralizar el proceso, ya que no había peligro de que la sanidad, la educación o la vivienda pública fueran a entrar en crisis por tener que atender a cientos de miles de personas más. “No puede afirmarse, en este momento, que haya quedado acreditado”, decía el Supremo sobre el principal argumento de la Comunidad de Madrid. Además, recalcaba ya entonces que la regularización será reversible si es declarada nula en los tribunales. Una respuesta similar recibieron las alegaciones presentadas por Vox, pero añadiendo una frase final sobre las consecuencias que tendría para todas esas personas suspender el proceso: “Con todo lo que ello entraña, humana, social y económicamente”. La decisión de este martes de valorar si se eleva el asunto al TJUE la adopta una sección conformada por solo tres magistrados: Carlos Lesmes, Wenceslao Olea y Fernando Román. Se da la circunstancia de que todos son del ala conservadora y que el último, Román, fue secretario de Estado de Justicia de 2011 a 2014, siendo ministro el 'popular' Alberto Ruiz-Gallardón. En cambio, la resolución previa del Supremo de no aceptar la paralización cautelar que solicitaba, entre otros, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, fue adoptada por esa misma sección, pero conformada por hasta siete magistrados. Ya entonces, Román y Olea emitieron un voto particular en el que señalaban la conveniencia de que se elevara una cuestión prejudicial, para lo que se debía suspender, de facto, la regularización extraordinaria. Pero fueron minoría y no tuvieron el apoyo de Lesmes en esa ocasión. Fuentes del Supremo consultadas por elDiario.es indican que, ahora, solo han participado tres porque se trataba de una providencia y no de una resolución, informan Javier Lillo y Alberto Pozas.

El Supremo considera que la regularización de migrantes podría chocar con la norma europea

Pregunta a las partes personadas, Gobierno y comunidades presididas por el PP, si es conveniente elevar una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que se pronuncie al respecto, aunque este paso no suspende el real decretoLa Comisión Europea ya dijo que la regularización extraordinaria era legal y se niega a comentar la decisión del Supremo El Tribunal Supremo ha acordado preguntar tanto al Gobierno como a varias comunidades autónomas gobernadas por el PP y a distintas asociaciones si es procedente elevar una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que valore si la regularización extraordinaria de migrantes aprobada por el Ejecutivo socialista colisiona con las directivas europeas. En dos providencias que responden a recursos de Aragón y Comunidad Valenciana sobre determinados aspectos del Real Decreto 316/2026,  la sección quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal da cinco días a las partes para que puedan expresar su parecer acerca de la procedencia de que el TJUE interprete si puede haber conflicto con el Derecho de la Unión Europea. Y da este paso antes de resolver sobre las cautelares que ambas comunidades solicitaban en sendos recursos. La Comunitat Valenciana ya ha respondido para confirmar que está a favor de elevar la cuestión prejudicial y solicita que suspenda la norma ya, en lugar de esperar a la resolución del TJUE. A finales de mayo, esa misma Sala del Supremo rechazó la petición cautelar de la Comunidad de Madrid de suspender la regularización. Entendían los magistrados que no existen pruebas de que los servicios públicos de Madrid pudieran colapsar por la regularización extraordinaria de migrantes. Acordaba así no aceptar las medidas urgentes de paralizar el proceso ya que no había peligro de que la sanidad, la educación o la vivienda pública fueran a entrar en crisis por tener que atender a cientos de miles de personas más. “No puede afirmarse, en este momento, que haya quedado acreditado”, decía el Supremo sobre el principal argumento de la Comunidad de Madrid. Además, recalcaba ya entonces que la regularización será reversible si es declarada nula en los tribunales. Una respuesta similar recibieron las alegaciones presentadas por Vox pero añadiendo una frase final sobre las consecuencias que tendría para todas esas personas suspender el proceso: “Con todo lo que ello entraña, humana, social y económicamente”. La decisión de este martes de valorar si se eleva el asunto al TJUE la adopta una sección conformada por sólo tres magistrados: Carlos Lesmes, Wenceslao Olea y Fernando Román. Se da la circunstancia de que todos son del ala conservadora y que el último, Román, fue secretario de Estado de Justicia de 2011 a 2014 siendo ministro el 'popular' Alberto Ruiz Gallardón. En cambio, la resolución previa del Supremo de no aceptar la paralización cautelar que solicitaba, entre otros, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso fue adoptada por esa misma sección pero conformada por hasta siete magistrados. Ya entonces, Román y Olea emitieron un voto particular en el que señalaban la conveniencia de que se elevara una cuestión prejudicial, para lo que se debía suspender, de facto, la regularización extraordinaria. Pero fueron minoría y no tuvieron el apoyo de Lesmes en esa ocasión. Fuentes del Supremo consultadas por elDiario.es indican que, ahora, solo han participado tres porque sólo se trataba de una providencia y no de una resolución. El Pacto de Migración y Asilo En la providencia que ha trascendido este martes, la Sala explica que la Unión Europea (UE) aprobó el Pacto de Migración y Asilo (PMAUE) entre abril y mayo de 2024 y que el mismo cristalizó en una serie de normas comprendidas en el Reglamento de la UE que están vigentes pero no son aún aplicables. Frente a esa norma europea, indica, el Gobierno de Pedro Sánchez impulsó “un proceso de regularización que, por su propia naturaleza, constituye un supuesto de regulación normativa de la obtención de permisos de residencia para extranjeros en situación irregular en España”. Advierte de que esa norma española no es un reconocimiento individualizado sino un régimen general “para todos aquellos ciudadanos de terceros países que se encontrasen en España en situación irregular”. Para el Alto Tribunal, esto suscita la duda de si habría que preguntar a la UE sobre si colisiona con la norma europea. De esta manera, la primera cuestión prejudicial que proponen los magistrados es si, conforme al Derecho de la Unión, “la entrada en vigor de una norma comunitaria -en este caso el Reglamento de la UE 1348-, aun cuando no fuera aplicable hasta una fecha posterior, habilita a los estados a poder aprobar normas -no tramitar procedimiento para actos individualizados- que puedan ir en contra de las previsiones de la mencionada norma de la Unión”. Los tres magistrados añaden otra duda: El real decreto español dispone con carácter general la autorización de una residencia temporal por arraigo con la sola condición básica de que el interesado hubiera presentado formalmente una solicitud de protección internacional antes del día 1 de enero de 2026. Y suma que es aplicable esa autorización de residencia aunque se hubiese denegado dicha protección internacional y “la persona solicitante se encuentre afectada por un procedimiento de devolución o expulsión”. La providencia añade que la consecuencia de esto es que ese otorgamiento de la residencia “supondrá el archivo del procedimiento de expulsión o devolución y, en su caso, la revocación de la orden” incluso aunque dicha orden de expulsión o devolución hubiese sido confirmada en sentencia judicial. Por contra, explican, el reglamento europeo “no autoriza” el reconocimiento de la residencia temporal mientras se tramita un procedimiento para decidir si a una persona se le da protección internacional. Por otro lado, recuerdan que la directiva europea relativa al retorno de nacionales de terceros países en situación irregular está en vigor aún y establece que los estados miembros de la UE “dictarán una decisión de retorno contra cualquier nacional de un tercer país que se encuentre en situación irregular en su territorio” mediante la concesión de un plazo de salida voluntaria que, en caso de incumplimiento, comportará la expulsión. Y lamentan que, si bien los estados miembro estaban obligados a aplicar esa directiva desde 2011, España no la ha traspuesto -no ha acoplado nuestra normativa interna a la directiva europea-. Por esto, los magistrados proponen otra cuestión prejudicial al respecto: si es admisible que quienes estén en situación irregular en España “no se sometan a una orden de retorno sino que se les reconozca el derecho a la residencia temporal con carácter general y por el mero hecho de la estancia irregular” en el país, y todo “pese a la vigencia de la directiva de retorno y su no trasposición por el Estado español”. Además, los magistrados recuerdan que la UE se ha dado unas normas para el reparto solidario y equitativo entre estados de personas asiladas, el Sistema Europeo Común de Asilo. Este mecanismo disponía, dicen, que se debía dar un intercambio mutuo de información sobre medidas nacionales en los ámbitos del asilo e inmigración que pudieran tener un impacto significativo en varios estados miembros. Así las cosas, consideran que la regularización extraordinaria también puede chocar con esta norma europea porque puede tener “efectos potenciales sobre un número indeterminado de personas, comprendido aproximadamente entre 900.000 y 1.650.000, sin que conste notificación previa a la Comisión Europea ni coordinación con los demás Estados miembros”. Por otro lado, si bien recuerdan que el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) no ataca las regularizaciones masivas, que dependen de la decisión particular de cada país, los magistrados sí consideran que se podría preguntar al TJUE si tras la implementación del Pacto sobre Migración y Asilo “un Estado puede establecer, sin condicionamiento alguno que no sea la mera decisión política, una regularización masiva de ciudadanos extranjeros en situación irregular”. Y por último, los tres jueces de lo Contencioso del Supremo consideran que también debe estudiarse por parte del TJUE si España puede llevar a cabo esta regulación sin haberse coordinado previamente con el resto de países europeos, y todo porque una vez que un individuo logre la primera autorización de residencia temporal de un año “adquiere el derecho a circular libremente por el espacio Schengen durante noventa días en períodos de ciento ochenta”.

El Supremo sopesa detener la regularización de migrantes y elevar el caso al TJUE

El plazo para presentar la solicitud de la regularización extraordinaria finaliza este martes y se calcula que en torno 1,2 millones de migrantes han accedido al trámite, el doble del estimado en un principio. Comienza ahora el periodo de tres meses que tiene el Gobierno para ir resolviendo los expedientes, aunque algunos ya han ido recibiendo el visto bueno; sin embargo, todo podría detenerse si el Tribunal Supremo cumple con las amenazas de elevar la ley a instancias europeas por si pudiese chocar con la normativa comunitaria. Así consta en una providencia emitida la pasada semana por el Alto Tribunal, y revelada El Mundo hace escasas horas, en la que se deja constancia de "la duda de si podría entrar (la regularización) en colisión con las normas" de la Unión Europea (UE). Esta respuesta a los recursos de dos gobiernos autonómicos del Partido Popular (PP), el de Valencia y el de Aragón, llega después de que los magistrados hayan desestimado otras protestas similares en los últimos meses, parecer que podría cambiar. La providencia tan solo lleva la firma de tres de los siete magistrados de la Sala Tercera del Supremo, concretamente de Wenceslao Olea, Fernando Román y Carlos Lesmes, siendo los dos primeros los que ya habían emitido voto particular en las resoluciones anteriores, contrarias a las cautelares. No obstante, lo esperable es que el texto español termine por elevarse al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), una vez finalice el corto periodo de alegaciones y tome una decisión la Sala de lo Contencioso-Administrativo. Las dudas del Supremo El Alto Tribunal presenta varias dudas que podrían justificar la paralización de la regularización y el traslado de la polémica al TJUE, que tendría la última palabra. La primera de ellas es la posible colisión con el Pacto de Migración y Asilo (PMAUE). El Supremo apunta que con este acuerdo europeo "se asumieron obligaciones por los Estados y por la propia Unión sobre un nuevo sistema de asilo y migración" y duda sobre si cada Estado individualmente, en este caso España, puede alumbrar normas "que puedan ir en contra de las previsiones" de la UE. Otras de las cuestiones expuestas por los magistrados de la Sala Tercera es el establecimiento de un procedimiento generalizado que concede el permiso de estancia en el país, en vez de un reconocimiento individualizado de cada concesión de residencia y con excepciones claramente tasadas. Esto, junto con el archivo y revocación de órdenes de expulsión podría chocar, según el Supremo, con la Directiva Europea de Retorno, al conceder el derecho "por el mero hecho de la estancia irregular en España". En esta línea, el Tribunal se pregunta si "es admisible que quienes estén en situación irregular en España no se sometan a una orden de retorno con las excepciones particulares de la norma comunitaria, sino que se les reconozca un derecho de residencia temporal con carácter general por el mero hecho de la estancia irregular en España". Además, como último gran bloque de dudas, el...

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Valencia y Aragón siguen adelante y pedirán la suspensión de la regularización masiva hasta que decida el TJUE

Los gobiernos de Aragón y de la Comunidad Valenciana están dispuestos a seguir adelante con su recurso contra la regularización […]

El Supremo duda de la legalidad de la regularización de inmigrantes tras un recurso del Consell

El Alto Tribunal cuestiona a través de una providencia si el proceso, que termina este martes, «podría entrar el colisión» con la normativa del pacto europeo de migraciones

El Supremo propone llevar al TJUE la regularización de migrantes por posible "colisión" con la normativa europea

El Tribunal Supremo ha planteado a comunidades autónomas que recurrieron la regularización extraordinaria de migrantes impulsada por el Gobierno que se pronuncien sobre la procedencia de formular cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ante la "duda" de "si podría entrar en colisión" con normativa comunitaria. Leer

El Supremo advierte que la regularización masiva del Gobierno puede colisionar con la normativa europea

La Sala de lo Contencioso-Administrativo cuestiona que el proceso abierto por el Ejecutivo de Sánchez, y al que se han acogido más de un millón de extranjeros, podría transgredir el "marco común" de la UE sin que se consultasea a la Comisión

El Supremo activa el proceso para que el TJUE intervenga contra la regularización de 1,3M de inmigrantes de Sánchez

Acuerda oír al abogado del Estado y a los gobiernos de Aragón y Comunidad Valenciana sobre si procede plantear una cuestión prejudicial a la Justicia europea.Más información: Sánchez más solo que nunca en la UE: recibe reproches por la regularización y rompe el consenso frente a China

El Supremo plantea paralizar la regularización masiva de inmigrantes por "colisionar contra la Unión Europea"

El Alto Tribunal cuestiona que se pueda dar la residencia "por el mero hecho de la estancia irregular" Leer

La regularización masiva de Sánchez provoca un enfrentamiento con Bruselas

La decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de permitir la residencia a hasta 1,6 millones de inmigrantes en situación irregular ha trascendido el ámbito nacional. Ahora se encuentra bajo la lupa de la justicia europea, inquietando a varias capitales de la UE y poniendo a prueba el frágil equilibrio entre la política migratoria española y […] The post La regularización masiva de Sánchez provoca un enfrentamiento con Bruselas appeared first on Periodista Digital.

El Consell pide al Supremo que eleve a Europa sus dudas sobre la regularización masiva de Sánchez

El Gobierno valenciano de Juanfran Pérez Llorca ha presentado alegaciones ante el Tribunal Supremo (TS) en las que de facto solicita al alto tribunal que presente una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) acerca de la legalidad del decreto que establece el proceso extraordinario de regularización de extranjeros en … Continuar leyendo "El Consell pide al Supremo que eleve a Europa sus dudas sobre la regularización masiva de Sánchez"

El Supremo baraja paralizar la regularización masiva de Sánchez en el TJUE por «colisionar» con las normas europeas de inmigración