La crisis migratoria en Ceuta, con la llegada de al menos 72.000 personas desde finales de julio, ha reabierto el debate sobre la colaboración público-privada en la sanidad. La ministra de Sanidad, Mónica García, ha sido crítica con esta práctica y ha planteado una reforma para limitar la externalización de servicios públicos.
La Ciudad Autónoma de Ceuta suspendió el operativo de limpieza y desinfección en la playa del Trampolín después de que unos 500 migrantes regresaran al asentamiento, horas después del desalojo de más de 1.200 personas. Las autoridades indicaron que los trabajos se reanudarán cuando se garantice la seguridad de los operarios con presencia policial.
Una operación policial ha detenido a 16 personas de una organización criminal dedicada a la explotación sexual de mujeres en Móstoles. El grupo, liderado por cuatro mujeres de la misma familia, obtenía grandes beneficios económicos y sometía a las víctimas, en situación de vulnerabilidad, a un control absoluto.
La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha reclamado al Gobierno central que trabaje para que los menores migrantes no acompañados llegados a Ceuta puedan regresar con sus familias, y ha pedido presencia estatal ante la crisis migratoria.
La Junta de Castilla y León se opone al reparto de aproximadamente 500 niñas migrantes procedentes de Ceuta y ha anunciado que presentará recursos si la medida perjudica a la comunidad. El portavoz, Carlos Fernández Carriedo, calificó la situación como un problema de seguridad nacional que no debe diluirse entre las autonomías y reclamó el retorno de quienes hayan entrado ilegalmente.