La Fiscalía mantiene la petición de 15 años de cárcel para el exministro Fernández Díaz y su ex número dos por el caso Kitchen

La Fiscalía ve probado que Kitchen fue un "operativo parapolicial criminal" para "boicotear" la investigación de Gürtel

Implica a Fernández Díaz y su ex 'número dos' en el presunto espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas

El juicio de Kitchen encara su final con una dura petición de cárcel por la Fiscalía y el pacto de no agresión entre acusados

Anticorrupción no modifica una sola petición de condena antes de su exposición final y sigue apostando por señalar al ministro del Interior de Rajoy como X de la guerra sucia del PP, el límite que impuso el juez García Castellón a la investigación y que dejó fuera a la cúpula del partidoVídeo - 'Juicio final a la guerra sucia del PP': un documental de elDiario.es sobre la Operación Kitchen El juicio del caso Kitchen, la última guerra sucia en España ocurrida hace 13 años, se ha visto desplazado por las investigaciones de corrupción del actual Gobierno y el desinterés de un amplio espectro mediático por informar de la trama más grave ocurrida durante el último Ejecutivo del Partido Popular, justo cuando los conservadores aspiran a recuperar el poder. El desarrollo de la vista tampoco ha ayudado a romper esas barreras: el único mando policial arrepentido, Enrique García Castaño, evitó el banquillo por una grave enfermedad; y el político que amagó con tirar de la manta, Francisco Martínez, se buscó el mismo abogado que otros acusados y nunca lo hizo. Pese a ello, la Fiscalía se ha mantenido inamovible en las convicciones que tenía al comenzar la vista y este lunes volvió a pedir 15 años de cárcel para varios acusados. Entre ellos, el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz. La vista arrancó el 6 de abril en la Audiencia Nacional, un día antes que el juicio a José Luis Ábalos, y está previsto que finalice el 30 de julio, aunque ya solo resta que las partes expongan sus informes finales, de los que este lunes adelantaron las conclusiones. La foto del banquillo de los acusados fue, desde el primer día, la única instantánea que hay hasta ahora de la guerra sucia del Partido Popular. Pero con notables ausencias. El juez Manuel García Castellón, instructor de la causa, impuso un “círculo rojo” de protección alrededor de la cúpula del PP, según denunciaron los primeros fiscales del caso cuando recurrieron el archivo de la causa contra María Dolores de Cospedal. También se quejaron de que el magistrado cerrara abruptamente la investigación cuando se empezaba a indagar en los indicios sobre Rajoy. En la fotografía de aquella guerra sucia están todos los que son, pero no están todos los que fueron. En el banquillo también faltaba 'El Gordo', el comisario más aclamado y temido en la Policía desde la democracia. Mucho más que un Villarejo que nunca existió para la mayoría. García Castaño sufrió un ictus que le mantiene en una situación de extrema dependencia y que, sobre todo, le impide defenderse. Sin su testimonio 'autoinculpatorio' en fase de instrucción nunca hubiera sido imputado el primer político, el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez. Y sin la acusación contra este no hubieran aflorado los indicios contra el ministro del Interior, Jorge Fernández. El testimonio de García Castaño ante el juez y los fiscales Ignacio Stampa y Miguel Serrano se ha reproducido durante nueve horas en el juicio, pero a puerta cerrada. La Audiencia Nacional, como hace con cualquier juicio de trascendencia, facilitó la señal por Internet de la vista, a excepción de la fase dedicada a la reproducción de la prueba. La presidenta del tribunal, Teresa Palacios, argumentó que algunos pasajes de las grabaciones de Villarejo y otro material que se iban a exhibir afectaba a la intimidad de terceros. Así que nadie que no se plantara en el polígono industrial de San Fernando de Henares, donde tiene una de sus sedes el tribunal, pudo escuchar la frase que cambió el caso Kitchen: “Hablo con él [con Martínez] y me dice que la preocupación que hay son unos discos duros en los que hay toda la contabilidad que en estos años ha estado realizando este señor [Bárcenas]. Por un lado, las donaciones que se le daban (...) Por otro lado, los pagos que hacía en B”. El Gordo asegura que ha recibido la orden de recuperar los discos duros al margen de la investigación judicial de la caja B y que las instrucciones partieron del director adjunto operativo de la Policía, Eugenio Pino, y del número dos de Interior, Francisco Martínez. La prohibición para retransmitir esa frase del juicio también impidió al público no presente en la sala escuchar a María Dolores de Cospedal dar instrucciones a Villarejo para que no fueran publicados los papeles de Bárcenas. La secretaria general del PP entonces ha estado presente en el juicio en varias ocasiones y una de ellas, de cuerpo presente. Declaró como testigo entre olvidos y negaciones de la más absoluta evidencia. Llegó a decir que nunca había hablado por teléfono con Villarejo cuando la orden anterior se la dio en conversación telefónica reproducida durante el juicio. Más displicente incluso se mostró su enemiga Soraya Sáenz de Santamaría, quien recostada en la silla de los comparecientes aseguró que el asunto de la Kitchen no le había preocupado ni siquiera para preparar una posible pregunta en la rueda de prensa que ofrecía como portavoz del Gobierno tras los consejos de ministros. Entre sus atrevidas afirmaciones negó que el CNI tuviera nada que ver con la Kitchen, incluso desconocía que el servicio de Inteligencia tuviera “animadversión” al comisario Villarejo. Como Cospedal, nunca estuvo acusada, así que sus afirmaciones no tuvieron consecuencia alguna. A la espera de Francisco Martínez Los acusados del juicio declararon tras las comparecencias de los testigos y la reproducción de la prueba. La expectación era máxima para conocer qué ocurriría con el secretario de Estado de Seguridad. Hubo un momento, a finales de 2019, en el que Francisco Martínez se vio acorralado. 'El Gordo' le señalaba y el ministro del Interior daba entrevistas asegurando que no tenía ni idea de qué era eso de la operación Kitchen. Así que él se fue a dos notarios a que dieran fe de unos mensajes que guardaba en su móvil. En uno de ellos, Jorge Fernández le trasladaba quién era el topo en la familia Bárcenas, con nombre y apellidos. En otro le informaba sobre los avances del operativo. El enfrentamiento entre ellos en fase de instrucción había supuesto el momento de psicodrama de la causa. El juez García Castellón organizó un careo en el que se lanzaron duros reproches. El ministro dijo que no tenía duda de que Martínez hubiera recibido esos mensajes, pero tampoco la tenía de que él no era el autor de esos envíos. En el juicio han declarado los dos notarios, que han confirmado que Martínez tuvo en su teléfono esos mensajes, pero también que no comprobaron, porque no son peritos, que el número que tenía en su agenda como “Jorge Fernández Díaz”, y del que procedían los mensajes, fuera realmente el del ministro. Para entonces ya se había adivinado el pacto entre ambos. El abogado de Fernández Díaz había pedido que su cliente declarara después de Martínez, pese a que el orden era el contrario, alegando que los únicos indicios contra el exministro eran las afirmaciones de Martínez. El abogado de este no se opuso. En las declaraciones, ambos se dedicaron elogios. Martínez llegó a decir que Fernández Díaz había sido “el único” que había confiado en él. El ex secretario de Estado no conservaba esos mensajes cuando Asuntos Internos y los fiscales entraron en su casa en marzo de 2020. Lo que había en su teléfono, por ejemplo, eran reflexiones sobre las dificultades en las que se encontraba por haber sido leal a los “miserables” de Rajoy y Cospedal. De ahí la posibilidad de que contara más de lo que había hecho hasta ahora, más si se tiene en cuenta que la Fiscalía le considera el “coordinador” de la Kitchen, hay un testimonio directo contra él y la petición de cárcel alcanza a los 15 años. Pero no ocurrió. Su abogado ni siquiera cuestionó al perito de la defensa de Fernández Díaz que puso en duda la trazabilidad de los mensajes que incriminan al exministro. La mayoría de los acusados han optado por contestar únicamente a sus defensas y a las preguntas que les quisiera hacer la presidenta del tribunal. Solo Villarejo, que apenas se juega nada en este juicio si se enmarca en el alud de condenas y acusaciones pendientes que tiene; el chófer Sergio Ríos, sin vinculación con la brigada política del PP; y, sorprendentemente, José Luis Olivera, contestaron a las preguntas del fiscal. Esta estrategia conservadora pasaba por defender ante sus abogados que la Kitchen existió –los pagos de fondos reservados o la constancia de seguimientos a la familia así lo atestiguan– pero que estaba destinada a encontrar dinero escondido por Bárcenas y testaferros. Por eso resulta tan importante el testimonio del inspector jefe Manuel Morocho, el verdadero investigador de los casos Gürtel y caja B a las órdenes del juez Ruz. Morocho dijo desconocer por completo la operación Kitchen y aseguró que se hizo a sus espaldas. De paso, relató una serie de coacciones y presiones que sufrió mientras investigaba al PP por parte de toda la cadena de mando policial. Los testigos, miembros de esa cadena de mando, y los acusados que fueron sus superiores, intentaron describir a un Morocho obsesivo y con mal carácter. El último, Olivera. El impulsor del montaje de la cocaína contra Miguel Urbán atribuyó la acusación de Morocho de querer comprarle al “rencor”.

Anticorrupción mantiene en Kitchen la petición de 15 años de cárcel para el exministro del Interior con el PP Jorge Fernández Díaz

La Fiscalía traslada sus conclusiones y continúa pidiendo las mismas penas para los acusados que al inicio de la vista oral, entre ellas 15 años de cárcel también para Francisco Martínez, número dos de Interior, y otros tantos para el policía asesor de Cospedal, Andrés Gómez GordoVídeo - 'Juicio final a la guerra sucia del PP': un documental de elDiario.es sobre la Operación Kitchen El fiscal Anticorrupción César de Rivas ha mantenido su petición de 15 años de cárcel para el exministro del Interior con el Partido Popular Jorge Fernández Díaz al enunciar sus conclusiones del juicio por el caso Kitchen. El representante del Ministerio Público mantiene las mismas peticiones de condena para idénticos acusados que antes de empezar la vista oral por lo que sigue solicitando otros 15 años de cárcel para el exsecretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, para el policía que fue asesor de Cospedal, Andrés Gómez Gordo, y para el director adjunto operativo de la época, Eugenio Pino, artífice de la brigada política. Les acusa de los delitos de encubrimiento, malversación de fondos públicos y contra la intimidad. La máxima petición de condena de Anticorrupción es para el comisario José Manuel Villarejo, 19 años, por el espionaje ilegal a Luis Bárcenas y su familia con cargo a los fondos reservados. Ese espionaje se habría realizado en el marco de una operación destinada a sustraer de la justicia las pruebas de la financiación irregular del PP y más concretamente las que implicaban al presidente del Gobierno y el partido, Mariano Rajoy. De la acusación de la Fiscalía queda fuera el comisario Enrique García Castaño, alias el Gordo, que no ha sido juzgado por las consecuencias de un grave accidente vascular. Anticorrupción no acusaba a los otros tres miembros de la brigada política que declararon este lunes, José Ángel Fuentes Gago, Bonifacio Díez Sevillano y José Luis Olivera. Anticorrupción sigue pidiendo dos años y 6 meses por encubrimiento para el exjefe de Asuntos Internos Marcelino Martín-Blas y para el chófer de la familia Bárcenas, Sergio Ríos Esgueva, para el que solicita 15 años de cárcel. Por su parte, la Abogacía del Estado ha retirado la acusación por obstrucción a la justicia, uno de los cuatro delitos que atribuía a Jorge Fernández Díaz, para el que pedía 13 años de cárcel. En el caso de Olivera, la Abogacía mantiene la acusación por obstrucción a la justicia pero retira la de encubrimiento, y deja de acusar por delito alguno a José Ángel Fuentes Gago y Bonifacio Díez Sevillano. La acusación particular, que ejerce la familia Bárcenas, también ha retirado la acusación contra estos dos últimos y Olivera, así como las acusaciones populares de PSOE y Podemos, por lo que los dos inspectores jefe, contra los que no había acusación de la Fiscalía, han resultado absueltos. Ambos absueltos han declarado durante la jornada. En el transcurso de su testimonio se han presentado como policías con encargos anodinos pese a los indicios que se acumulan contra ellos de haber participado en las otras dos patas de la guerra sucia del PP, contra Podemos y en la Operación Cataluña. Ambos han desmentido las acusaciones del inspector jefe Manuel Morocho, el investigador de la caja B del PP, según las cuales Fuentes Gago le entregó el informe Pablo Iglesias Sociedad Anónima (PISA) para que lo revisara y Bonifacio Díez Sevillano le concertó una cita con un periodista a la que él mismo también acudió y que tenía como fin explicar el contenido del dosier contra la formación política. También ha declarado este lunes José Luis Olivera, el artífice del montaje de la cocaína contra Miguel Urbán. Ha sido uno de los tres acusados, junto al chófer Sergio Ríos y el comisario Villarejo, que ha accedido a contestar a la Fiscalía Anticorrupción, con la particularidad de que esta no le acusaba. Contra Morocho El fiscal César de Rivas, que no considera que Olivera quisiera sobornar a Morocho con un puesto en el extranjero, ha colaborado en el intento de los tres testigos de la jornada por desacreditar al inspector jefe de la Gürtel y la caja B del PP. Así, el fiscal ha preguntado a Olivera si es cierto que recibió una llamada del ministro Fernández Díaz mientras estaba en una cafetería con Morocho para reforzar su ofrecimiento de un puesto lejos de las investigaciones contrarias al PP. Olivera ha dicho que quien le llamó fue su mujer, que les invitó a cenar a ambos en casa y que Morocho aceptó. A preguntas de su abogado, Olivera ha dicho que no sabe de dónde “viene ese rencor” de Morocho hacia él. “Nunca le he hecho nada malo a este señor, al contrario. Ya me llegaron rumores cuando a él no le conceden una medalla pensionada en el 2014 y él entiende de que yo soy el culpable de que no se la den y yo no tengo ningún poder”, ha dicho Olivera. El testimonio de Morocho ha resultado vital para contrarrestar la tesis de la mayoría de los investigados en Kitchen, consistente en que ellos participaron en una operación legal para encontrar el supuesto dinero aún oculto por Luis Bárcenas y sus posibles testaferros. En realidad, según la Fiscalía, pretendían recuperar las pruebas en poder del extesorero sobre la caja B del partido y el conocimiento de la financiación irregular por el propio Mariano Rajoy. La constatación de que ocultan su verdadero interés es que ni Morocho ni el juez Ruz, que dirigía la investigación en la Audiencia Nacional, supieron nunca de los seguimientos a la familia Bárcenas ni del resto del operativo, según las explicaciones del policía en el juicio de Kitchen.

La Fiscalía mantiene su petición de 15 años de cárcel para Fernández Díaz y su ex número dos por la Kitchen

Los inspectores Fuentes Gago y Díez Sevillano quedan fuera del juicio al retirarse todas las acusaciones contra ellos.