Keiko Fujimori gana las elecciones presidenciales de Perú por una diferencia de menos de 50.000 votos

La heredera de Alberto Fujimori llega a la presidencia en su cuarto intento tras vencer por una diferencia ínfima al izquierdista Roberto Sánchez y anuncia una agenda conservadora para un país dividido y amplía la influencia de la derecha afín a Trump en América Latina La Semana Internacional - Una ola reaccionaria y trumpista gobierna América Latina: vasallos vestidos de ultras El anticomunismo le ha ganado la batalla al 'antifujimorismo' en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Perú, de la que ha salido victoriosa, por un margen muy estrecho, la candidata de derecha Keiko Fujimori (Lima, 1975), que el 28 de julio se convertirá en nueva mandataria de la nación sudamericana. Tras varias semanas de recuento, Keiko (Fuerza Popular), como se la conoce popularmente, se ha impuesto en el recuento del 7 de junio al postulante de izquierda Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) por alrededor del 0,27 puntos (en votos, una diferencia de 49.641 papeletas), según el recuento oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). La paradoja electoral es que mientras Sánchez ganó dentro del Perú, la presidencia se la arrebató Fujimori con el apoyo de los peruanos residentes en otros países. Hija mayor del fallecido expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), Keiko ha conquistado la primera magistratura peruana en su cuarto intento: en 2011 perdió con Ollanta Humala, en 2016 le ganó Pedro Pablo Kuczynski y en 2021 cayó ante Pedro Castillo. La saga de derrotas se extendió en estas elecciones de 2026, pero por solo durante unos días en los que Sánchez remontó la ventaja inicial de la otrora primera dama con una diferencia mínima que, sin embargo, no pudo sostenerse una vez procesados los votos en el extranjero. El triunfo de la administradora de empresas de ascendencia japonesa revela que el anticomunismo de la sociedad peruana, posicionado en contra de Sánchez, exministro y heredero político del exmandatario Pedro Castillo (hoy encarcelado por un fallido golpe de Estado en 2022), tuvo un peso ligeramente mayor que el “antifujimorismo” en torno al cual se organiza la vida política peruana desde hace más de dos décadas. Continuidad del fujimorismo Alberto Fujimori (1938-2024) abandonó el poder en el año 2000, pocos meses después de ganar las elecciones para un tercer mandato consecutivo. El escándalo de los “vladivideos”, una serie de grabaciones que revelaban sobornos de su asesor Vladimiro Montesinos a figuras políticas, empresariales y mediáticas del Perú, desató una presión interna que lo llevó a escapar del país y refugiarse en Japón. Sin embargo, su caída no supuso la muerte definitiva del fujimorismo. Sus hijos Keiko y Kenji tomaron la posta y fueron ganando presencia política, en especial a partir de la segunda década de los años 2000. La politóloga y analista Eliana Carlín dice que la corriente política abierta por Alberto Fujimori solo se debilitó por unos años tras la fuga del “dictador”. “Las figuras emblemáticas del fujimorismo siguieron siendo parte del ecosistema político del país, y especialmente Keiko Fujimori desde el año 2011”, recuerda. “En las cuatro campañas electorales en las que ha pasado a segunda vuelta ha habido un despliegue enorme de recursos económicos que vienen de los empresarios y de los poderes fácticos, aliados tradicionales de su padre”. Desde el Congreso de la República, Keiko Fujimori ha dirigido una bancada que ha tomado medidas que favorecen a la impunidad, al crimen organizado, que criminalizan a quienes defienden los derechos humanos y un triste etcétera Eliana Carlin — politóloga Esta interpretación es compartida por el periodista de investigación Gustavo Gorriti, responsable de destapar más de un escándalo de corrupción vinculado a los Fujimori y a otras figuras políticas del Perú. Entrevistado en días pasados por el programa Hildebrandt en sus trece, Gorriti planteó que el de Keiko no puede considerarse un “próximo gobierno”, sino uno que continúa, “porque es un gobierno que ha sido básicamente dominado por la coalición mafiosa cuyo buque insignia ha sido el fujimorismo”. Formada en administración de empresas en universidades de Estados Unidos (Boston, Columbia), Keiko ingresó a temprana edad a la política peruana, al convertirse en 1994 en la primera dama más joven del país y de la región. Con solo 19 años, retornó del extranjero para reemplazar en el cargo a su madre, Susana Higuchi, quien se había separado de Alberto por discrepancias políticas, al punto de ser despojada de su condición de primera dama. La carrera de la presidenta electa dio un salto definitivo en 2006, cuando se convirtió en congresista nacional en representación de Lima con una votación entonces histórica. Tres años después fundó Fuerza Popular, el partido que aún lidera y que la ha llevado a la presidencia tras tres intentos frustrados. La popularidad de Keiko entre los fujimoristas no la libró de escándalos de corrupción que la condujeron a prisión por más de 16 meses entre 2018 y 2020, acusada de lavado de activos aportados por la firma Odebrecht para su campaña electoral. El caso, que manchó y condenó a más de un expresidente peruano, fue archivado por una sentencia del Tribunal Constitucional peruano y liberó de culpa a Fujimori. A las sombras propias de su trayectoria política se suman las heredadas por su padre, un mandatario que, si bien llegó a la presidencia por la vía electoral, se ganó con los años, dentro y fuera del Perú, el calificativo de “dictador” por su inclinación a la acumulación desmedida de poder y los probados delitos de lesa humanidad cometidos durante sus años de gobierno. Fujimori padre llegó a disolver el Congreso para evitar la fiscalización legislativa, un hecho calificado como “autogolpe” de Estado, y mandó a ejecutar torturas, esterilizaciones forzadas y asesinatos en nombre de su lucha contra los grupos guerrilleros Sendero Luminoso y MRTA. Por algunas de estas violaciones a los derechos humanos, como las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, donde un comando paramilitar mató a 25 personas sospechosas de colaborar con Sendero Luminoso, fue condenado a la cárcel. Tras ser detenido y extraditado desde Chile en 2005, la justicia peruana le fijó una pena de 25 años de prisión que, sin embargo, no cumplió efectivamente. En 2017, recibió un indulto humanitario. Lejos de tomar distancia del oscuro “legado” de su padre, Keiko siempre lo ha reivindicado, más aún tras la muerte del expresidente en 2024, a los 86 años y producto de las consecuencias de un cáncer. Lejos de la reconciliación social Keiko ha reconquistado el gobierno para el fujimorismo con una agenda liberal y conservadora. Los pilares de su plan, denominado “Perú con Orden”, son la seguridad, el crecimiento económico y el desarrollo social. Para luchar contra la inseguridad prometió en la campaña crear centros de comando y videovigilancia altamente tecnologizados mediante el uso de Inteligencia Artificial (IA). También propone construir cuatro megacárceles de máxima seguridad y cortar el acceso a telefonía móvil en los recintos penitenciarios, una estrategia que involucraría el papel activo de las Fuerzas Armadas. En materia económica anunció bajar el déficit fiscal del PIB en un 1% hasta el fin de su mandato, en 2031. En lo tocante a desarrollo social, ofreció reducir la pobreza en un 15%, construir 3.000 colegios y aplicar la telemedicina para una mejor cobertura de salud. Un asunto al que su plan le presta especial atención es la corrupción estatal, a la que prevé desterrar mediante un “shock digital” que apele a la IA, la publicación en tiempo real de las licitaciones y la creación de un observatorio ciudadano de compras públicas. Integrantes de la asociación de víctimas de la masacre de Juliaca, ocurrida en medio de las protestas por la destitución del expresidente Pedro Castillo, participan en una manifestación contra Keiko Fujimori. Más allá del contenido concreto de su programa de gestión, en el discurso con el que Keiko llega al gobierno los sectores críticos perciben un incontestable tufo autoritario, como el que destilaba su padre. Eliana Carlín cree que, más allá de la estrecha diferencia del balotaje que ha dejado al Perú profundamente dividido, políticamente se ha impuesto el “autoritarismo”. La analista duda que la asunción de Fujimori contribuya a cerrar las heridas que abrió el decenio de Alberto: “Lamentablemente, no auguro un tiempo de reconciliación nacional. Desde el Congreso de la República, Keiko Fujimori ha dirigido una bancada que ha tomado medidas que favorecen a la impunidad, al crimen organizado, que criminalizan a quienes defienden los derechos humanos y un triste etcétera”. Carlín entiende que el modus operandi del fujimorismo en el Congreso peruano es el de “Alberto Fujimori: minando el Estado de derecho, debilitando las instituciones y estigmatizando a todo aquel que se presente con una perspectiva crítica. Eso no va a cambiar en un régimen de Keiko”. El periodista Gorriti, por cuyo secuestro fue también juzgado Alberto Fujimori, desliza un matiz respecto a la interpretación de la politóloga. “Dudo que ella (Keiko) vaya a buscar iniciar su gobierno con las acciones de mano dura que una parte de su gente debe haberle aconsejado”, declaró en la citada entrevista a Hildebrandt. “Lo más probable es que, inicialmente, para tratar de bajar la oposición con concesiones y tal y como lo hizo eventualmente su padre, va a tratar de dar la imagen de una gobernante más moderada”. Gorriti presume que esta estrategia obedecería a la necesidad de enfrentar a una oposición “mucho más sólida de la que hay ahora, que no hay oposición”. El gobierno peruano está bajo la presidencia interina de José María Balcazar, el octavo mandatario de los últimos 10 años durante los cuales el Congreso peruano ha impedido a los mandatarios electos y a los interinos cumplir los periodos previstos por ley. Controlado en el último tiempo por el fujimorismo y otras fuerzas afines de derecha, el Congreso que le espera a Keiko volverá a ser bicameral tras 26 años. Carlín entrevé que esta reforma podría depararle una mayor estabilidad a la presidenta electa, “no solo por su fortaleza dentro del Legislativo, sino porque los poderes fácticos como la empresa, las Fuerzas Armadas y la gran prensa apoyan de manera abierta y notoria al fujimorismo, como lo hicieron en la década del noventa”. Otro factor que se perfila favorable para la administradora de 51 años es el mapa geopolítico de la región, hegemonizado por gobernantes de derecha cercanos a la administración de Donald Trump. Carlín lo describe sin ambages: “Ahora mismo, Sudamérica está en un momento de giro ultraconservador para el cual Fujimori no solo va a ser funcional, sino que imagino que será el reflejo de su padre, entreguista de los recursos y soberanía”. Aun teniendo estas perspectivas alentadoras, lo peor que podría hacer Fujimori es pecar de exceso de confianza, sobre todo teniendo en cuenta la volatilidad de la política peruana y eventuales giros en el contexto internacional. Mientras Gorriti alerta sobre las elecciones de medio mandato de EEUU previstas para noviembre de este año, y cuyos resultados podrían alterar el comportamiento de los mandatarios de derecha, Carlín cree que la correlación de fuerzas parlamentaria en Perú también “puede variar, y Fujimori tiene que estar muy atenta a eso”.