La compañía Proyecto 43-2 ha presentado una denuncia ante la Fiscalía por la cancelación de su representación sobre Federico García Lorca en la Sala Experimental del centro cultural Miguel Delibes de Valladolid. La compañía alega motivos ideológicos y sospecha que las obras en la sala, argumentadas por la Consejería de Cultura, fueron una excusa al mantenerse otra actividad y no ofrecer alternativas.
El magistrado José Luis Calama ha pedido a la Subdirección General de Patrimonio las actas de aceptación de obsequios institucionales entregados a la Presidencia del Gobierno entre 2004 y 2011, período en el que José Luis Rodríguez Zapatero ocupaba el cargo. Esta diligencia se produce en el marco de la investigación del 'caso Plus Ultra', mientras la Fiscalía Anticorrupción sostiene que los hechos podrían constituir un delito de malversación.
Aunque desde la Plataforma de Afectados por la Okupación se denuncia que las mafias utilizan pedidos de comida para simular residencia, los verificadores concluyen que estos papeles no constituyen una prueba legal de domicilio. Según Maldita.es y Verificat, un recibo de pizza podría retrasar un desalojo policial inmediato al generar dudas sobre la flagrancia, pero no impide un desahucio judicial, una vía donde un tribunal de Barcelona llegó a calificar este argumento como 'esperpéntico'.
Vox ha presentado una querella contra el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, y contra los promotores de una contramanifestación celebrada durante un acto del partido en A Coruña la semana pasada. La formación atribuye a Blanco delitos electorales, contra los derechos cívicos y de prevaricación administrativa por permitir la protesta, que derivó en enfrentamientos entre policía y manifestantes.
Un tribunal de Bruselas ha estimado el recurso de España y ha levantado el embargo de 75 millones de euros que pesaba sobre el gestor de navegación aérea Enaire. La decisión revoca una orden anterior solicitada por el fondo Blasket Renewable Investments, que reclamaba indemnizaciones por la retirada de primas a las energías renovables, al considerar que la ejecución de laudos de arbitraje vulnera la normativa comunitaria.