Varios sindicatos de funcionarios y personal estatutario han iniciado una ofensiva sindical para exigir la recuperación completa de las pagas extraordinarias que se vieron reducidas en 2010. La medida, que sigue sin revertirse 16 años después, afecta a cerca de 2,9 millones de empleados públicos. Organizaciones de ámbitos como la educación, la sanidad y la policía preparan movilizaciones para presionar a los responsables políticos.