El Gobierno regional ha reconocido por escrito la imposibilidad de asegurar la realización de interrupciones voluntarias del embarazo en algunos centros públicos. Atribuye esta situación al ejercicio del derecho a la objeción de conciencia del personal sanitario, motivo por el cual recurre a la contratación de clínicas privadas para garantizar la prestación.
El sistema de atención a la dependencia de Castilla-La Mancha ha registrado en 2026 sus mejores cifras históricas, con 123.558 prestaciones y servicios activos que atienden diariamente a 82.648 personas, superando además los 28.000 empleos en el sector.
La crisis migratoria en Ceuta, con la llegada de al menos 72.000 personas desde finales de julio, ha reabierto el debate sobre la colaboración público-privada en la sanidad. La ministra de Sanidad, Mónica García, ha sido crítica con esta práctica y ha planteado una reforma para limitar la externalización de servicios públicos.